¿Está bien cobrarle a un extranjero no residente cuando utiliza un hospital público argentino?
La discusión no debería limitarse a preguntarnos si corresponde cobrarles a los extranjeros. El debate más profundo es establecer quién debe financiar cada atención y reconocer cuánto ya aportó cada persona al sistema. La salud pública no es gratis: la financiamos entre todos.
Los extranjeros y la salud.
Foto:
¿Está bien cobrarle a un extranjero no residente cuando utiliza un hospital público argentino?
Creo que sí.
La salud pública es gratuita para quien la utiliza, pero obviamente no es gratis para el país. Los médicos, medicamentos, estudios, equipamiento y hospitales se pagan con recursos públicos provenientes, principalmente, de los impuestos.
Por eso parece razonable que quien viene transitoriamente a la Argentina y no contribuye habitualmente al sostenimiento de ese sistema pague por la atención que recibe. No se trata de negarle asistencia —mucho menos ante una urgencia— sino de determinar quién debe afrontar finalmente su costo.
Pero este razonamiento abre una segunda pregunta.
¿Qué ocurre con el argentino o residente que sí contribuye al sostenimiento del hospital público mediante sus impuestos y que, además, paga una obra social, una prepaga o un seguro de salud?
Cuando esa persona se atiende en un hospital público, el Estado factura la prestación a su cobertura privada o de la seguridad social.
Y allí aparece una contradicción: si consideramos justo cobrarle al extranjero no residente porque no contribuyó previamente al sistema, ¿por qué volvemos a cobrar por la atención de quien sí contribuyó, simplemente porque además tuvo la previsión de contar con otra cobertura?
El ejemplo de la educación pública permite verlo con claridad.
Una familia paga impuestos y con ellos contribuye al sostenimiento de escuelas y universidades públicas. Al mismo tiempo puede decidir destinar parte de sus ingresos a la educación privada de sus hijos.
Pero esa decisión no le hace perder su derecho a utilizar la educación pública ni convierte en arancelada una universidad pública cuando decide utilizarla.
¿Por qué en salud aplicamos una lógica diferente?
Tener una obra social o una prepaga no significa haber dejado de pagar impuestos ni haber renunciado al sistema público.
Por eso, la discusión no debería limitarse a preguntarnos si corresponde cobrarles a los extranjeros. El debate más profundo es establecer quién debe financiar cada atención y reconocer cuánto ya aportó cada persona al sistema.
La salud pública no es gratis: la financiamos entre todos.
Y si vamos a cobrarle a quien no contribuyó a sostenerla, parece igualmente razonable preguntarnos si corresponde cobrar nuevamente por quien ya contribuyó a financiarla con sus impuestos.
Ese es el verdadero dilema.
* El autor fue presidente de OSEP. Vicepresidente primero CEMPRA, cámara de entidades de medicina privada de la República Argentina.
