Un sector del empresariado mendocino se hace escuchar con reclamos reiterados pero que necesitan para reforzar el planteo sobre el acecho oficial en materia impositiva.
El planteo del empresariado local es una suerte de pisotón incómodo para un gobierno provincial que siempre se ha jactado de haber efectuado el ordenamiento del Estado antes de la actual administración nacional libertaria, pero que ahora dispuso frenar en 2027 las rebajas en Ingresos Brutos luego de varios años disminuyendo alícuotas.
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.
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Un sector del empresariado mendocino se hace escuchar con reclamos reiterados pero que necesitan para reforzar el planteo sobre el acecho oficial en materia impositiva.
En tal sentido hubo adhesión a un proyecto promovido por la legisladora provincial Griselda Petri sobre la utilización de saldos a favor de los contribuyentes en Ingresos Brutos y otros tributos, tema en el que el gobierno mendocino sostuvo ya haber intervenido.
En este caso puntual el titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Mauricio Badaloni, no dudó en hacer explícito su adhesión. “Estamos 100% de acuerdo. Las cámaras empresariales lo vienen planteando hace cinco años”, expresó ante una consulta de este diario. “Si el Estado tiene un porcentaje que te cobra de interés por mora, también debería reconocer intereses por la deuda que mantiene”, precisó el empresario en el marco de la coincidencia con el proyecto de la diputada Petri con el reiterado reclamo sectorial que él representa.
Pero los planteos del sector privado se potenciaron a partir de un anuncio del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que informó que desde 2028 las empresas que contraten trabajadores y proveedores locales podrán acceder a la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos, un gravamen al que las provincias se siguen aferrando pese a las quejas de los empresarios y al pedido en el mismo sentido de la actual administración nacional.
La gestión de Milei impulsa su eliminación en el marco de una futura reforma tributaria integral y, por ende, un nuevo pacto fiscal con las provincias. Justamente, es ese vínculo con los gobernadores lo que más cuida en estos momentos la administración libertaria pensando, principalmente, en el proyecto de reelección del presidente y en un contexto de ajuste que también afecta a las administraciones locales. O que, por lo menos, las obliga a mantener canales de diálogo con la Casa Rosada más o menos permanentes.
Como lógica y rápida repercusión, sectores del empresariado mendocino salieron a reclamar que en nuestra provincia no se deje de lado la reducción progresiva de dicho cargo. Y fue aquí también la voz de Badaloni la que picó en punta para fijar posición.
El representante mendocino en la UIA ponderó la iniciativa del gobierno de Neuquén y por ello opinó que las provincias en general deben revisar sus esquemas tributarios con el propósito de tender a mejorar la competitividad de las empresas. Esto significa en la práctica tender desde el Estado en confiar más en los emprendedores en vez de “acolchonar” en el aspecto tributario.
Casi una colisión con la administración de Cornejo, que en su momento dispuso frenar en 2027 las rebajas en Ingresos Brutos luego de varios años disminuyendo alícuotas. No obstante, sí habrá una merma en el impuesto de Sellos.
El planteo empresario es una suerte de pisotón incómodo para un gobierno provincial que siempre se ha jactado de haber efectuado el ordenamiento del Estado antes de la actual administración nacional libertaria.
Se debe tener en cuenta que el representante local en la Unión Industrial Argentina mantiene prudente distancia de la administración nacional en todo lo que tiene que ver con la lentitud del proceso económico nacional para derramar logros a favor de los industriales en general y de otros sectores de la economía nítidamente relegados y afectados. Y es a la vez muy exigente en lo que se refiere a la competitividad de Mendoza con relación a otras provincias, poniendo reparos en la predisposición del Estado mendocino para generar mejores condiciones locales para reactivar la inversión privada.
Hay quienes sostienen que será cuestión de lograr una articulación en un frente común que convierta a estos reclamos en una herramienta más fuerte ante la postura del gobierno local.
También en la semana, la renuncia del presidente de Aysam, Humberto Mingorance, generó un ruido inevitable dentro del oficialismo provincial, en primer lugar, por tratarse de la caída de un funcionario identificado con la conducción política y, fundamentalmente, porque el paso a un costado se produjo a partir de un reclamo público muy fuerte del intendente Marcos Calvente.
El jefe municipal de Guaymallén es uno de los principales referentes territoriales del gobernador, que encima atraviesa problemas ya conocidos en las cuentas a raíz de la generalizada merma en la recaudación municipal, sobrellevando consecuentemente un tenso día a día con los gremios que representan al personal de la comuna.
A todo ello se suma haberse visto sobrepasado durante meses por un problema de gran impacto como son los desbordes por graves falencias en el tendido cloacal que atraviesa el departamento. Una cuestión ajena a la administración municipal, sí, pero de la que nunca debe desentenderse un municipio. Es algo capaz de deteriorar la imagen de una gestión local por una cuestión lógica: los vecinos no tienen por qué priorizar rangos o jurisdicciones administrativas cuando se ven directamente perjudicados por un servicio ineficiente.
Los problemas de infraestructura provincial en materia de agua y saneamiento no son nuevos. Son varias ya las gestiones que han cargado con un diagnóstico de deterioro generalizado, no sólo en Guaymallén. Sin embargo, tantos años de negligencias o poca predisposición para encarar mejoras termina haciendo eclosión en algún momento y en algún punto, como ahora en los dominios políticos de Calvente.
Probablemente por ello el sucesor de Mingorance, Ginés Hernández, reconoció la antigüedad de los colectores y planteó la necesidad de mejorar la coordinación con los municipios. Una salida política obvia curiosamente planteada por un profesional de perfil técnico. Algo fallaba, sin ninguna duda.
Demasiado estrépito, en definitiva, para una gestión territorial que políticamente mucho le aporta a la gestión de Cornejo.
* El autor es periodista. [email protected]
