La lucha contra la difteria en el sur de Mendoza hace 100 años revela las dificultades que enfrentaban las políticas sanitarias en territorios extensos y poco poblados. La distancia entre los centros urbanos y los asentamientos rurales hacía muy difícil garantizar atención médica permanente, especialmente en una época en que los caminos y los medios de transporte eran precarios.
A principios de la década de 1930, Mendoza enfrentó uno de los desafíos sanitarios más importantes de su historia: la propagación de la difteria. Esta enfermedad infecciosa, que afectaba principalmente a niños y podía provocar graves complicaciones respiratorias e incluso la muerte, se extendió por distintas regiones del país. En la provincia, los casos se multiplicaron no sólo en el área metropolitana, sino también en áreas rurales y alejadas, donde el acceso a la atención médica era limitado.
Los departamentos de San Rafael y General Alvear reunían condiciones que propiciaban la expansión de enfermedades: grandes distancias a los centros sanitarios, escasos servicios e infraestructura y dificultades de comunicación (transportes, caminos). Sin embargo, la emergencia de los casos de difteria impulsó la intervención de organismos públicos y privados en pro de frenar los contagios y asistir a los afectados.
Una de las zonas más perjudicada fue Malargüe, que por aquel entonces dependía administrativamente de San Rafael. Además de su población dispersa en un extenso territorio y la carencia de servicios básicos de salud, se produjo un hecho extraordinario: la erupción del volcán Quizapú, en Chile, cuyas cenizas cubrieron amplias zonas del sur mendocino. Ante la preocupación generada por sus posibles efectos sobre la salud, el gobierno provincial reclutó una comisión médica para recorrer la zona, evaluar la situación y asistir a la población. Aunque las cenizas no provocaron daños sanitarios significativos, la atención de los médicos se concentró rápidamente en otro problema mucho más grave: la difteria; pues en distintos parajes comenzaron a registrarse numerosos contagios y fallecimientos. Uno de los casos más dramáticos ocurrió en Carapacho, cerca de la laguna de Llancanelo, donde la enfermedad causó más de treinta muertes en los primeros meses de 1932.
Ante la falta de medidas preventivas adecuadas, ya que. por ejemplo, se acostumbraba a velar a cajón abierto durante varios días a las personas fallecidas o los habitantes del campo desconocían incluso hasta las medidas higiénicas más rudimentarias como el lavado de manos; el Estado reforzó la asistencia mediante el envío de médicos y enfermeros. Paralelamente, la Cruz Roja Argentina desplegó una misión especial que recorrió zonas prácticamente incomunicadas para vacunar a centenares de personas, distribuir medicamentos y prestar atención en parajes alejados como La Junta, Las Batras, Carapacho y El Sosneado.
Estas acciones permitieron llevar por primera vez servicios de prevención y atención médica a poblaciones que históricamente habían permanecido al margen de la infraestructura sanitaria provincial. Sin embargo, los profesionales debieron enfrentar diversos obstáculos como la desconfianza de los pobladores acerca de las prácticas médicas, la presencia de curanderos y la utilización de remedios tradicionales. Además, debieron recorrer largas distancias a caballo o en sulky, recorriendo enormes distancias y atravesando ríos, médanos y montes para llegar a socorrer a los puesteros. También era frecuente encontrar la resistencia de los niños, por lo que los vacunadores acudían armados de golosinas para poder aplicar la vacuna.
El organismo máximo de salud provincial, la Dirección General de Salubridad, impulsó campañas educativas a través de las escuelas y medios de comunicación. El objetivo era no sólo concientizar acerca de prácticas de higiene básicas sino también persuadir a las familias acerca de la necesidad de completar las tres dosis de la vacuna antidiftérica. Estas experiencias serían fundamentales para que, pocos años después, Mendoza se convirtiera en una de las primeras provincias argentinas en establecer la vacunación obligatoria contra la enfermedad.
Mientras tanto, en General Alvear la epidemia también azotaba a lejanas zonas. A comienzos de 1933 se registraron varios fallecimientos en la localidad de La Travesía, ubicada a gran distancia de la villa cabecera. Ante la gravedad de la situación, el Hospital Municipal y las autoridades comunales enviaron vacunas, sueros y personal sanitario para asistir a los enfermos y prevenir nuevos contagios. Posteriormente, la Dirección General de Salubridad sumó recursos y especialistas desde San Rafael.
Al igual que en Malargüe, las comisiones médicas enfrentaron enormes dificultades para llegar a los lugares afectados. En muchos casos debían abandonar los vehículos debido al mal estado de los caminos y continuar el recorrido con la ayuda de baqueanos. A pesar de ello, lograron vacunar a centenares de personas en parajes como La Travesía, Canalejas, Mora Vieja, Los Huarpes y otros asentamientos rurales del departamento de Alvear.
Además de la vacunación, se implementaron medidas de higiene y control sanitario que buscaban frenar la transmisión de la enfermedad: desinfección de viviendas, instrucciones sobre higiene, exposición de ropas y colchones al sol, e incluso la destrucción y el incendio de algunos ranchos donde se habían velado personas fallecidas a causa de la enfermedad.
La lucha contra la difteria en el sur de Mendoza revela las dificultades que enfrentaban las políticas sanitarias en territorios extensos y poco poblados. La distancia entre los centros urbanos y los asentamientos rurales hacía muy difícil garantizar atención médica permanente, especialmente en una época en que los caminos y los medios de transporte eran precarios. Sin embargo, la experiencia también demuestra la presencia del Estado en materia de salud pública que, junto con instituciones como la Cruz Roja Argentina, permitió extender campañas de vacunación y asistencia a algunas regiones tradicionalmente postergadas.
Estas historias locales nos recuerdan que las epidemias no afectan por igual a todos los territorios y que las condiciones de vida, las costumbres de cada pueblo, el acceso a los servicios y la capacidad institucional para resolverlas influyen decisivamente en sus efectos.
* Esta nota se hizo en coautoría con Ivana Hirschegger, investigadora del Conicet.
* El autor es becario doctoral Incihusa-Conicet.