La decisión de la República Argentina de nominar a Rafael Mariano Grossi para el cargo de secretario General de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo multilateral en un sistema internacional que atraviesa una etapa de transición profunda. Más que una apuesta nacional o regional, la candidatura obliga a examinar qué tipo de figura puede encarnar hoy la autoridad de una organización cuya relevancia depende cada vez menos de sus prerrogativas formales y cada vez más de la credibilidad que logre sostener en un entorno donde el poder se fragmenta, las normas se erosionan y la política internacional se vuelve más imprevisible.
En este escenario, la discusión no debería centrarse en las virtudes personales de los candidatos—aunque éstas importan— sino en el modo en que el Derecho Internacional, la práctica institucional y la realidad geopolítica condicionan la noción misma de secretario General. Y en esa clave, la postulación de Grossi ofrece un prisma adecuado para interrogar cómo se construye, conserva y legitima el liderazgo en la ONU.
Una regla no escrita que se volvió indispensable
La Secretaría General es una de las pocas instituciones del sistema internacional cuyo proceso de selección combina formalidad jurídica y pragmatismo político. El artículo 97 de la Carta establece un único requisito: que la Asamblea General designe al secretario General a recomendación del Consejo de Seguridad. Nada dice sobre nacionalidad, región o rotación. Sin embargo, se consolidó una práctica que, aunque carente de codificación, opera como un principio estructural: la alternancia geográfica.
En un sentido estrictamente jurídico, la rotación no es vinculante, es decir, no se trata de un mandato obligatorio. En un sentido político, es difícil imaginar que el cargo conserve legitimidad sin ella. El artículo 100 exige que el secretario General actúe con “carácter exclusivamente internacional”, libre de instrucciones de los Estados y los gobiernos. Para que esta cláusula tenga eficacia social —y no solo legal— es imprescindible evitar la percepción de que una región monopoliza el cargo o de que las potencias toleran esa concentración. La rotación, así entendida, no es una concesión: es una garantía. Un mecanismo informal destinado a sostener la imparcialidad del cargo en un sistema marcado por asimetrías.
Con esta lógica, la ausencia prolongada de América Latina y el Caribe en la Secretaría General desde 1991 no constituye un argumento identitario, sino un problema de coherencia institucional. Si el multilateralismo aspira a preservar su autoridad normativa, también debe preservar los equilibrios que la hacen posible.
Una región que litiga, no una región inmunizada
América Latina no es una zona ajena a las tensiones estratégicas. El diferendo territorial entre Guyana y Venezuela, las controversias entre Chile y Bolivia o de la Argentina y el Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, y la reciente fricción entre Estados Unidos y Venezuela muestran que la región acumula conflictos reales, con proyección jurídica y militar. Pero lo distintivo es la forma en que la mayoría de estos conflictos tienden a procesarse: a través de mecanismos institucionales, litigios interestatales y procedimientos de arreglo pacífico.
Esta inclinación hacia la juridificación de las disputas —más que hacia su escalamiento— no convierte a la región en un espacio excepcional, pero sí revela una tradición que la distingue: un compromiso relativamente estable con el Derecho Internacional como lenguaje y como método. Esa tradición, discreta pero persistente, constituye un argumento a favor de la presencia latinoamericana en la Secretaría General: la región no se ubica al margen de las tensiones globales, pero ha demostrado una preferencia sistemática por abordarlas dentro del marco institucional.
La candidatura de Grossi y el valor de la diplomacia técnica
En este contexto, la trayectoria de Rafael Grossi adquiere sentido no como una bandera nacional, sino como ilustración de un tipo de liderazgo que el multilateralismo contemporáneo parece necesitar: una combinación de rigor técnico, solvencia jurídica y capacidad de negociación en entornos donde los márgenes de maniobra son estrechos.
Al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica, el candidato argentino ha debido gestionar una de las funciones más sensibles del sistema: la supervisión del cumplimiento de obligaciones nucleares en un mundo marcado por desconfianzas crecientes. Su intervención en la crisis de la central de Zaporiyia, en Ucrania, sintetiza ese desafío: actuar en una zona de conflicto activo, bajo presión de actores enfrentados y en un espacio donde el Derecho Internacional Humanitario, la seguridad energética y la política de grandes potencias convergen de manera compleja.
Lo relevante de su trayectoria no es la visibilidad pública, sino la consistencia profesional. La autoridad que ha construido deriva de la aplicación meticulosa de normativas técnicas, de la interlocución con actores adversarios y de la defensa de procedimientos verificables. Se trata de una forma de liderazgo menos estridente que la política tradicional, pero quizá más adecuada para un sistema que necesita recuperar sobriedad y previsibilidad.
La Secretaría General ante un orden que ya no obedece
El próximo secretario General enfrentará un entorno estratégico más volátil que cualquiera de sus antecesores desde el fin de la Guerra Fría. La parálisis del Consejo de Seguridad, el uso recurrente del veto, la expansión de conflictos híbridos, la judicialización de disputas interestatales y el surgimiento de nuevos dominios críticos —ciberespacio, datos, inteligencia artificial— exigen una conducción que combine prudencia con capacidad técnica.
La ONU opera hoy entre dos fuerzas contrapuestas: por un lado, la presión política para intervenir en crisis cada vez más complejas; por otro, la necesidad jurídica de preservar la neutralidad y el mandato limitado que la Carta otorga al secretario General. Navegar esa tensión requiere liderazgo, pero también un profundo sentido de medida. La función no admite maximalismos ni improvisaciones. Tampoco soporta la ilusión de que la autoridad moral sea suficiente.
Una oportunidad para redefinir el sentido del cargo
La nominación de Grossi no es, en sí misma, una solución a los problemas del sistema multilateral. Pero constituye una oportunidad para volver a formular una pregunta que suele quedar sepultada bajo debates procedimentales: ¿qué esperamos hoy del secretario General? Si la respuesta implica un equilibrio entre técnica, legalidad, negociación y discreción —un equilibrio difícil, pero indispensable— entonces esta candidatura aporta un argumento relevante, no por su origen, sino por su contenido.
La elección final dependerá, como siempre, de la aritmética política del Consejo de Seguridad. Pero la discusión sobre su perfil permite algo más valioso: recuperar la conciencia de que la legitimidad de la ONU no reside sólo en su Carta fundacional, sino en la calidad y credibilidad de quienes la conducen. Y en tiempos de incertidumbre, esa credibilidad es un bien escaso.
*El autor es abogado y profesor de Derecho Internacional Público.
