El Congreso acaba de sancionar la ley que consagra al brigadier santafesino Estanilao López, héroe nacional. Con ello, la dirigencia provincial cierra un ciclo iniciado por un diputado de Unión por la Patria quien fundamentó el proyecto en la necesidad de reparar el olvido del famoso factótum del federalismo porque había doblegado las pretensiones centralistas (y monárquicas) de Juan Martín de Pueyrredón y de los hombres del Congreso, cuando había avanzado junto al líder entrerriano Francisco Ramírez, y otros aliados de ocasión, hasta las puertas de Buenos Aires demostrando el poder de fuego del Ejército Federal en los campos de Cepeda en el verano caliente de 1820.
Una iniciativa semejante encaró años atrás la dirigencia salteña con la figura de Martín Miguel de Güemes cuando el líder indiscutido de los gauchos alzados en armas que defendieron con bravía la frontera de la Patria pasó a integrar el panteón nacional. Operaciones memoriales semejantes llevó a cabo la dirigencia política cordobesa mediante el rescate del gobernador Juan Bautista Bustos, el oficial del Ejército del Norte que declinó obediencia al gobierno general en Arequito restando fuerza militar a los hombres del Directorio frente al asedio de los federales del Litoral. El gobierno cordobés no sólo dispuso la repatriación de sus restos de Santa Fe donde había muerto en 1830 para ser sepultados en la catedral junto a la cripta de su rival, el general José María Paz quien, a la cabeza de la Liga del Interior había derrotado las tropas de Facundo Quiroga precipitando la firma del Pacto Federal entre Buenos Aires y las provincias del Litoral convertido en instrumento jurídico mediante el cual Juan Manuel de Rosas se erigió en intérprete exclusivo del federalismo argentino hasta 1852. También organizó un programa conmemorativo compacto con el fin de reglamentar su recuerdo, y soldar sentimientos de los cordobeses con sus rivales de siempre, los porteños.
Los tucumanos han seguido rutas parecidas con la figura de Bernabé Araoz, un jefe de milicias locales que asistió a Manuel Belgrano en el triunfo contra los realistas en 1812, y refractario del poder de Güemes y de Buenos Aires que reasumió la soberanía de la provincia, fundó la efímera República de Tucumán en 1820 y fue fusilado en 1824 a raíz de las luchas intestinas que afectaron a la mayoría de las dirigencias provinciales en las décadas que siguieron a las guerras de independencia y el demorado proceso de unificación nacional.
A simple vista, la ampliación del elenco de próceres nacionales viene a develar el papel de las políticas memoriales en procesos identitarios locales en las que cada gobierno provincial enaltece el protagonismo de sus grandes hombres o “caudillos” en la factura del país federal despojándolos de los juicios descalificadores que los había interpretado como obstáculos para fundar las bases del régimen republicano y representativo en el siglo XIX temprano. Una narrativa que se erige en contracara de la historia nacional, y en especial, de las versiones ofrecidas por Bartolomé Mitre y Vicente F. López, los padres fundadores de las historiografías nacionalistas del siglo XIX. El primero porque había priorizado el accionar de Manuel Belgrano y de José de San Martín para organizar el relato en la que fungió el origen democrático de la nacionalidad argentina con la proyección continental de la revolución rioplatense. Y el segundo porque había asociado la pulverización de las Provincias Unidas de Sud-América, y la derrota de su capital, con el accionar de los caudillos federales dejando al país preso de la anarquía y la guerra entre la culta Buenos Aires, y la barbarie anidada en el interior. Una visión o lectura del pasado nacional que, bien vale recordar, Sarmiento había estilizado mediante el retrato de Facundo, el célebre caudillo riojano asesinado en 1834, y por su intermedio, con el sistema-Rosas como expresión de dos mundos irreconciliables: el de la civilización y el de la barbarie.
Pero a decir verdad el argumento reparatorio del accionar de los caudillos o gobernadores provinciales en la crítica coyuntura de 1820, y de su incidencia en el armado práctico del federalismo argentino no resulta del todo novedoso. Ya a comienzos del siglo XX, el Dr. Emilio Ravignani encaró un proyecto editorial ambicioso a los efectos de documentar con erudita precisión el catálogo de constituciones y textos legales producidos y adoptados en las provincias en aras de reponer los antecedentes de los lazos que arbitraron las relaciones interprovinciales con o sin gobierno nacional demostrando con ello la vocación institucionalista de los gobernadores del Litoral y las provincias interiores. Una obra monumental que estaría destinada a nutrir la inmensa bibliografía sobre los orígenes del constitucionalismo y del federalismo argentino en la que abrevaría la formación de generaciones enteras de estudiantes.
De modo que si la novedad sobre el rescate de los caudillos o gobernadores no reside en el plano historiográfico, la originalidad de las iniciativas provinciales que enaltecen a sus héroes parece residir en el modo en que sus dirigencias utilizan o recurren al pasado no solo para anclar recuerdos y monumentos en el contorno de sus propias ciudadanías o habitantes, sino en la forma en que ese retazo del pasado nacional les permite tomar posición frente al conjunto de las provincias argentinas, intervenir sobre la aquilatada narrativa nacional, y lo que no es menor, interpelar a los presidentes de turno que ubicados en cualquier extremo del arco ideológico echan mano al pasado para fundamentar sus programas o actos de gobierno, haciendo patente la plena vigencia de la concepción pragmática de la historia al servicio del poder político. Una concepción de larguísima data y declinante en los gabinetes de los historiadores inquietos por mejorar la comprensión del pasado en sus propios términos y capturar los nexos que nutren el pasado vivido con el presente que nos toca vivir.
* La autora es historiadora del CONICET y la UNCuyo.
