El narcotráfico lleva décadas transformándose, pero la expansión de los mercados internacionales, la diversificación de las rutas y la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales han acelerado los cambios en su geografía y sus formas de ejercer poder. América Latina ocupa un lugar central en este proceso, del que Argentina forma parte. Durante las últimas dos décadas, el país ha visto consolidarse redes vinculadas al narcotráfico que, especialmente en Rosario, desarrollaron rasgos de cartelización: disputas territoriales, violencia organizada y capacidad para desafiar a las instituciones. Esta evolución plantea un interrogante que trasciende a esa ciudad: ¿qué condiciones podrían favorecer procesos semejantes en otras regiones del país, particularmente en Mendoza?
Un negocio global que transforma territorios
La magnitud del negocio ayuda a comprender sus transformaciones. Según Naciones Unidas, la producción mundial estimada de cocaína alcanzó las 3.708 toneladas en 2023, un 34% más que el año anterior. Entre 2013 y 2023, el número estimado de consumidores pasó de 17 a 25 millones. Europa se consolidó como uno de los principales mercados, mientras las organizaciones criminales extendieron sus conexiones hacia África y Asia. Esta expansión incrementó el valor estratégico de puertos, corredores comerciales y redes logísticas internacionales.
Paralelamente, las drogas sintéticas están modificando la geografía tradicional del narcotráfico. La producción de metanfetaminas en México y los laboratorios identificados en Países Bajos y Bélgica muestran que determinadas sustancias pueden fabricarse lejos de las regiones agrícolas históricamente vinculadas al negocio. La disponibilidad de precursores químicos, infraestructura y conocimientos técnicos adquiere así una importancia creciente.
En América Latina, las transformaciones presentan características diferentes. Colombia conserva un papel central en la producción de cocaína; las organizaciones mexicanas han diversificado sus operaciones; y las redes brasileñas articulan importantes mercados internos con conexiones transnacionales. Ecuador ofrece otro ejemplo: su creciente importancia en los circuitos de exportación ha coincidido con disputas criminales, violencia territorial y crisis penitenciarias.
El resultado es una geografía criminal en permanente reorganización. Las organizaciones establecen alianzas, modifican itinerarios y desplazan actividades hacia territorios donde encuentran nuevas oportunidades o menores obstáculos. Este proceso de deslocalización puede convertir regiones anteriormente secundarias en espacios relevantes para las economías ilegales.
Argentina participa de esta dinámica. Su proximidad a países productores, sus extensas fronteras, la Hidrovía Paraná-Paraguay y sus conexiones comerciales internacionales le otorgan importancia dentro de los circuitos regionales. Durante las últimas dos décadas, a su función como territorio de tránsito se sumó la consolidación de mercados internos de distribución y consumo, acompañada por organizaciones que, en determinados territorios, adquirieron mayor capacidad económica y operativa. El problema para el Estado dejó de limitarse al control de la circulación de drogas: también incluye la expansión de estructuras criminales dentro del territorio nacional.
La extraordinaria rentabilidad del narcotráfico permite financiar armamento, transporte, corrupción y mecanismos de intimidación. El dinero facilita la compra de complicidades y protección; las amenazas y la violencia pueden utilizarse contra quienes se resisten. A ello se suma una capacidad persistente de reclutamiento, particularmente entre jóvenes en situaciones de vulnerabilidad económica y social.
Esa rentabilidad también permite absorber pérdidas. Las incautaciones, las detenciones y la interrupción de rutas pueden afectar seriamente a una organización, pero no necesariamente eliminan los incentivos económicos que sostienen el mercado. Los integrantes detenidos pueden ser reemplazados y la caída de un dirigente puede desencadenar nuevas disputas por el control de sus actividades.
El problema excede a América Latina. Francia ofrece un ejemplo revelador: en Marsella, las organizaciones vinculadas al narcotráfico han desarrollado redes de distribución, mecanismos de reclutamiento y formas de violencia que representan un desafío persistente para las autoridades. Incluso Estados con instituciones consolidadas y recursos considerables encuentran dificultades para contener una economía ilegal capaz de sostener y reconstruir sus organizaciones.
Si esto ocurre en países con amplias capacidades policiales, judiciales y financieras, el desafío puede resultar mayor para aquellos con recursos limitados o instituciones vulnerables a la corrupción. Las operaciones represivas son indispensables, pero sus resultados pueden ser insuficientes mientras persistan la demanda, las ganancias extraordinarias y las condiciones que permiten regenerar las redes criminales.
Rosario: cuando el narcotráfico acumula poder
Rosario constituye una de las expresiones más preocupantes de esta transformación en Argentina. Su ubicación sobre el Paraná y su infraestructura portuaria la sitúan en una región estratégica, aunque su problemática criminal no puede explicarse únicamente por esa posición geográfica.
La consolidación de mercados locales de drogas, las disputas entre organizaciones y las complicidades institucionales documentadas judicialmente contribuyeron a configurar una dinámica propia. Determinados grupos desarrollaron estructuras relativamente estables, recurrieron a la violencia para disputar territorios y buscaron influir sobre instituciones.
Son características que permiten identificar rasgos de cartelización, aunque diferentes de los grandes carteles mexicanos o colombianos. El concepto no depende exclusivamente del tamaño de una organización, sino de su capacidad para concentrar segmentos del mercado ilegal, imponer condiciones territoriales, regular mediante la violencia las actividades de otros grupos y construir redes de protección. El narcotráfico adquiere entonces características de poder organizado.
Las consecuencias quedaron reflejadas en los homicidios. El departamento Rosario registró 262 víctimas en 2023, frente a 92 en 2024 y 115 en 2025, según los informes provinciales. La reducción respecto de 2023 ha sido considerable, aunque 2025 presentó un repunte frente al año anterior. La reducción coincidió con una intensificación de la intervención estatal, aunque sus resultados no permiten atribuirle por sí sola toda la evolución de los homicidios. Una menor cantidad de asesinatos no demuestra por sí misma la desaparición de las organizaciones ni de los mercados ilegales que las sostienen.
La experiencia rosarina revela que la violencia es una manifestación del poder criminal, aunque no la única. Las organizaciones también pueden preservar sus actividades mediante acuerdos, corrupción, intimidación selectiva o reorganización de sus estructuras. El desafío de largo plazo consiste en impedir que reconstruyan su capacidad económica, territorial e institucional.
Mendoza: una posición estratégica, riesgos diferentes
Mendoza presenta una realidad distinta, pero su ubicación merece especial atención. La ruta nacional 7 y el paso Cristo Redentor constituyen una conexión fundamental entre el centro económico argentino y Chile, con proyección hacia los puertos del Pacífico. Esta infraestructura representa una ventaja para el comercio regional y también puede ser aprovechada por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
Existen antecedentes concretos. En 2026, la Justicia federal mendocina condenó a integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de armas hacia Chile mediante camiones internacionales. La investigación también permitió acreditar actividades de comercialización de drogas en Maipú. El caso muestra cómo una estructura criminal puede combinar distintas actividades y aprovechar conexiones logísticas existentes, aunque no demuestra una ruta equivalente de exportación de cocaína.
A ello se suman vulnerabilidades en los controles fronterizos. Una auditoría de la Contraloría chilena, difundida en marzo de 2026, identificó deficiencias de vigilancia y fiscalización en Los Libertadores, además de problemas operativos del equipamiento de inspección. Son observaciones relevantes para un corredor de intensa circulación comercial.
El principal interrogante para Mendoza, sin embargo, va más allá de la frontera. La existencia de mercados locales de drogas y conexiones criminales interprovinciales exige observar cómo evolucionan las organizaciones que los abastecen. Los riesgos se concentran en tres dimensiones: el aprovechamiento de los corredores logísticos para actividades ilícitas, el fortalecimiento de las redes de distribución local y la eventual penetración de instituciones mediante mecanismos de corrupción. Importa conocer la capacidad de esas organizaciones para acumular recursos, reclutar integrantes, establecer complicidades o condicionar determinados territorios.
Aquí reside la enseñanza de Rosario. El tránsito de drogas, su comercialización local y la consolidación de organizaciones con poder territorial son fenómenos diferentes. Pueden relacionarse, pero uno no conduce inevitablemente al otro.
Mendoza presenta diferencias urbanas, económicas e institucionales respecto de Rosario. Tampoco hay evidencia suficiente para afirmar que sus organizaciones hayan alcanzado niveles comparables de control territorial y violencia. Precisamente por eso, resulta necesario identificar las señales de consolidación criminal antes de que adquieran dimensiones estructurales.
La experiencia internacional demuestra que el narcotráfico puede cambiar de rutas, dirigentes y organizaciones sin que desaparezcan los mercados que sostienen sus ganancias. Rosario advierte sobre las consecuencias de permitir que esas redes acumulen poder territorial. Mendoza enfrenta todavía una realidad diferente, y allí reside la oportunidad de anticiparse. En una geografía criminal en permanente transformación, el desafío consiste en impedir que las ventajas logísticas de un territorio y las vulnerabilidades de sus instituciones terminen convirtiéndose en oportunidades para el crimen organizado.
* El autor es analista geopolítico argentino, especializado en geopolítica militar, conflictos armados, armamentismo y narcotráfico. Investiga desde 2009 cuestiones vinculadas con la defensa y la desmilitarización argentina. Ha publicado análisis en medios argentinos e internacionales, entre ellos Geopolitical Monitor, Géoéconomie y Política Argentina.
