A cinco años de la muerte del joven Nicolás Deanna debido a un diagnóstico erróneo y a la suma de otros factores de seguridad, el Congreso de la Nación argentina aprobó la Ley 27.797. Esto fue posible gracias al esfuerzo de Gabriela Covelli, madre del joven fallecido, y de familias de todo el país que atravesaron situaciones de mala praxis similares, agrupadas en la ONG "Por la vida y la salud. Por vos, por mí, por todos". Así, lograron la creación de una ley nacional de calidad y seguridad sanitaria, a través de un proyecto presentado en 2023 por el diputado nacional Fabio Quetglas.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, septiembre de 2023) nos dicen que uno de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe atención de salud y, cada año, más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de ello. En los países de ingresos medios y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por este motivo. Más de la mitad de estos daños (es decir, en uno de cada veinte pacientes) se pueden prevenir. En la atención primaria y ambulatoria, 4 de cada 10 pacientes sufren daños, 80% de los cuales (entre el 23,6 y 85%) son evitables[1].
Asimismo, se ha calculado que, cada año, los daños a los pacientes reducen hasta en un 0,7% el crecimiento económico mundial, y sus costos indirectos equivalen anualmente a varios billones de dólares estadounidenses. Invertir en prevenir estos daños puede generar grandes ahorros económicos y, lo que es más importante, mejorar la evolución de los pacientes.
Esta normativa, denominada formalmente Ley de Calidad y Seguridad Sanitaria, surge con la finalidad primordial de asegurar el derecho a una asistencia sanitaria centrada en las personas y las comunidades. El texto establece un marco jurídico que busca transformar la cultura de seguridad del paciente mediante una visión sistémica que incluye la investigación de incidentes de seguridad, eventos adversos y/o centinela con criterios no punitivos. El fin es convertir estos sucesos en lecciones aprendidas a través de recomendaciones o medidas que eviten su repetición.
A similitud de la gestión de la seguridad en las industrias de alto riesgo, además de promover la protocolización de los procesos de atención y la disminución de daños evitables en la práctica médica, se propone crear una "cultura justa" en el ámbito sanitario. Una cultura que se define como el conjunto de creencias y comportamientos compartidos que permiten abordar los incidentes de seguridad desde una visión sistémica, tal como lo propone la OMS.
La mayoría de los errores perniciosos no se deben a prácticas incorrectas de un trabajador de la salud y asistencial o de grupos de ellos, sino que son producto de deficiencias sistémicas o procedimentales que los desencadenan. Para conocer las causas de los errores que se producen durante la atención médica, debemos dejar de buscar culpables y adoptar un planteamiento más sistémico[2]. Cabe aclarar que esto no deja de lado la investigación judicial-administrativa (delito, dolo, culpa, etc.), que identifica responsabilidades, causas, mala praxis, negligencia, imprudencia, etc., sino que busca seguir el modelo de las industrias de alto riesgo que hoy califican como ultraseguras (aviación, nuclear, transporte ferroviario de alta velocidad, etc.). Estas incluyen una investigación sistémica de seguridad con el fin de encontrar las condiciones de posibilidad del sistema que produjo el evento adverso y modificarlas para evitar su repetición. De acuerdo con la seguridad sistémica, “los errores son consecuencia de las deficiencias existentes en las estructuras y los procesos del sistema, y se puede evaluar el grado de estrés que soportan los trabajadores de los establecimientos de atención de salud, que son entornos complejos y en continua evolución”[3].
Bajo este modelo, se entiende que los errores humanos no deben ser necesariamente objeto de sanción, sino una oportunidad para aprender y entender cómo el sistema condujo a un comportamiento no deseado por diseño. Para protocolizar este aprendizaje, la ley dispone la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela[4] (Rudec), el cual centralizará la información de eventos adversos (accidentes) que causen muerte o daños graves, garantizando siempre la confidencialidad de los datos.
De esta manera, la ley incorpora una nueva disciplina: “la seguridad del y la paciente” en el ámbito sanitario argentino; y la define como: “Disciplina que, a través de estructuras y procesos de una organización, busca la prevención y reducción de daños prevenibles asociados a la atención sanitaria y en el caso de su ocurrencia, genera las acciones necesarias para minimizar el impacto en el o la paciente, su familia y el equipo de salud”[5].
La normativa también redefine el papel del paciente a través de la "coproducción de salud", incentivando que las personas usuarias adopten un papel activo en las decisiones sobre su tratamiento mediante el intercambio de información y el autocuidado. En este sentido, las instituciones deben facilitar mecanismos transparentes para la presentación de sugerencias sobre deficiencias en el servicio, asegurando que no existan represalias para quien las manifieste. La OMS identificó que, cuando se hace partícipes a los pacientes de la atención que reciben, la frecuencia de los daños se reduce en un 15%.
Asimismo, la ley pone especial énfasis en el bienestar del equipo de salud, exigiendo dotaciones de personal suficientes y turnos de trabajo que eviten el agotamiento físico o mental de los profesionales. Se establece, además, la asignación de tiempos protegidos remunerados destinados específicamente a la capacitación en seguridad del paciente.
En cuanto al ejercicio profesional, la ley Nicolás introduce la verificación periódica de la aptitud del equipo de salud, que incluirá mecanismos de simulación para evaluar destrezas técnicas en especialidades críticas, otra de las buenas prácticas de entrenamiento y seguridad de las industrias ultraseguras.
En un contexto definido por el repliegue del Estado y una tendencia desregulatoria en políticas públicas sensibles no solo a nivel local, sino internacional, la ley Nicolás adquiere un valor que trasciende su contenido técnico: se erige como una excepción significativa, un verdadero oasis normativo en un clima de época adverso. La Ley de Calidad y Seguridad Sanitaria reafirma que, aun en tiempos de retraimiento institucional, es posible construir marcos legales que pongan en el centro a las personas y promuevan el aprendizaje organizacional. Su existencia recuerda que la seguridad del paciente es una obligación ética y política que el Estado junto con organismos públicos y privados, no debería abandonar, incluso (y especialmente) cuando la tendencia parece ir en dirección contraria.
[1] Seguridad del paciente. En internet: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety
[2] Ídem.
[3] Ídem.
[4] Evento centinela: suceso imprevisto, fuera del curso esperable en la práctica médica, que causa la muerte, daño permanente o daño temporal derivado de la atención sanitaria (Ley 27797. Artículo 3, inc. j).
[5] Ley 27797. Artículo 3, inc. b.
(*) Alejandro Covello es aviador militar retirado, cronista e investigador. También es licenciado en Higiene y Seguridad Laboral.
