Uno de los factores que ayudan a explicar por qué la actividad económica no termina de despegar es la incertidumbre que todavía rodea a la sustentabilidad de la estabilidad alcanzada. La mejor evidencia de esa desconfianza aparece en el comportamiento del ahorro de las familias. Desde la salida del cepo para las personas humanas, en abril de 2025, los argentinos vienen adquiriendo divisas a un ritmo elevado, que llegó a rondar los 4.000 millones de dólares mensuales antes de las elecciones de medio término. Lo revelador es que, incluso después de que el oficialismo ganara esos comicios con holgura, la demanda de dólares se mantuvo en torno a los 2.000 millones por mes. La gente, en definitiva, sigue protegiendo sus ahorros en moneda dura porque aún no confía plenamente en que la calma llegó para quedarse.
Es en respuesta a esa desconfianza que debe entenderse el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Su corazón consiste en prohibirle a la autoridad monetaria emitir dinero para financiar déficits fiscales, sean estos del Estado nacional, de las provincias o de los municipios. La idea de fondo es sencilla y potente. Si la emisión deja de estar disponible como vía de financiamiento, los distintos niveles de gobierno quedan obligados a mantener sus cuentas ordenadas, y esa obligación, convertida en ley, busca generar la confianza de que la estabilidad de precios y del tipo de cambio son un rumbo definitivo y no una tregua pasajera.
Ahora bien, esa arquitectura descansa sobre un supuesto que conviene examinar, y es que todos los niveles de gobierno estén efectivamente en condiciones de prescindir del financiamiento monetario. El Estado nacional, con un esfuerzo considerable, exhibe hoy un superávit financiero equivalente al 0,1% del producto. Pero cuando se desplaza la mirada hacia las provincias, el panorama cambia de manera notable, y allí es donde aparece una fragilidad que suele quedar fuera del análisis.
Los datos oficiales dibujan una trayectoria reveladora. En 2023, trece provincias presentaban déficit financiero, con un rojo acumulado equivalente al 0,55% del producto. En 2024, la cantidad de provincias deficitarias se redujo drásticamente a seis, y el desequilibrio total bajó al 0,29% del producto. Sin embargo, en 2025 el número de jurisdicciones en rojo volvió a treparse a catorce, y el desbalance financiero conjunto aumentó al 0,46% del producto. La foto más reciente muestra, entonces, un deterioro que revierte la mejora del año previo.
La explicación de ese vaivén es tan instructiva como preocupante. La mejora de 2024 no fue producto de un ordenamiento genuino de las finanzas provinciales, sino que se apoyó en un factor circunstancial, el fuerte golpe inflacionario de los primeros meses de ese año, que licuó el gasto público al hacer que los desembolsos crecieran por detrás de los precios. Fue, en los hechos, un ajuste automático y transitorio, no una decisión de política. Cuando en 2025 la inflación se moderó, ese mecanismo de licuación desapareció, el gasto público provincial se recompuso en términos reales y la mayoría de las jurisdicciones volvió a caer en déficit. En otras palabras, el orden que se había insinuado se evaporó apenas dejó de existir la inflación que lo sostenía.
El resultado agregado de esta dinámica es que, al consolidar las cuentas de la Nación y de las provincias, el superávit nacional se diluye. El sector público consolidado termina exhibiendo un desequilibrio financiero del 0,36% del producto. Dicho de otro modo, el ordenamiento logrado con enorme esfuerzo en el plano nacional queda parcialmente neutralizado por el desorden que reaparece en el plano provincial. Y aquí reside el punto central del problema, porque cuando el déficit financiero de las provincias es generalizado, deja de ser una cuestión aislada de cada distrito para transformarse en un factor que compromete la estabilidad macroeconómica del conjunto del país.
Al examinar qué componentes del gasto provincial son los que más presionan, aparecen dos protagonistas. El primero es el pago de intereses de deuda, afectado tanto por las condiciones del mercado como por la creciente necesidad de financiamiento que genera el propio déficit, en una lógica que se retroalimenta. El segundo, y más corrosivo aún para las finanzas provinciales, es el gasto previsional que originan las cajas jubilatorias que muchas provincias nunca transfirieron a la Nación. En las jurisdicciones que conservan esas cajas, más de una quinta parte del gasto total se destina al pago de jubilaciones y pensiones, y en la mayoría de los casos ese componente es el más desestabilizante de todo su esquema fiscal.
La reforma del Banco Central avanza, por lo tanto, en la dirección correcta al aportar credibilidad sobre la permanencia de la estabilidad. Pero la experiencia histórica obliga a una advertencia. Como quedó demostrado en 2002, ninguna prohibición legal de emitir para financiar déficits es completamente irreversible, ya que una crisis fiscal suficientemente grave puede llevar al Congreso a derogar esa restricción. Por eso, blindar la disciplina monetaria por ley es una condición necesaria, pero de ningún modo suficiente. Lo verdaderamente decisivo es avanzar hacia un ordenamiento integral del Estado en todos sus niveles.
La herramienta más idónea para ese cometido es un acuerdo de coordinación tributaria y de responsabilidades entre la Nación y las provincias. Eliminar la superposición de funciones permitiría reducir el gasto público y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios. Unificar impuestos, por ejemplo mediante la creación de un IVA ampliado que absorba tanto los Ingresos Brutos provinciales como las tasas municipales a las ventas, permitiría suprimir tributos altamente distorsivos. Y con igual urgencia se impone encarar, de manera coordinada, la reforma de los sistemas previsionales, cuyas crecientes dificultades demuestran que las provincias difícilmente puedan resolverlas actuando en soledad.
La conclusión desafía una intuición muy extendida. Sería un error suponer que, una vez consolidada la estabilidad, cada provincia ordenará sus cuentas por su cuenta y de manera espontánea. La relación de causalidad opera exactamente en sentido inverso. Son las provincias las que deben hacer sus deberes para que la estabilidad se consolide y el crecimiento pueda recuperarse. Y ese trabajo no lo podrán completar de manera aislada, sino únicamente en coordinación con la Nación. La estabilidad, en suma, no es un punto de llegada que se alcanza una vez y se conserva sin esfuerzo, sino una construcción colectiva que exige el compromiso simultáneo de todos los niveles del Estado.
