A más de dieciocho meses de su anuncio, la puesta en funcionamiento de la agencia destinada a evaluar qué tecnologías sanitarias financiar no aparece acreditada en la documentación pública consultada.
En la Edad Media, los filósofos discutieron si las ideas generales tenían existencia propia o eran palabras con las que intentábamos ordenar el mundo. La Argentina ofrece una versión administrativa de aquella disputa: una agencia tiene nombre, sigla, anuncio oficial y cooperación internacional para apoyar su creación, pero todavía resulta difícil encontrar los documentos que acrediten su funcionamiento.
Se llama Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias: ANEFiTS. La pregunta es cuándo empezará a designar algo más que una intención.
El 27 de marzo de 2025, el Ministerio de Salud anunció su creación. Describió un organismo autárquico, conducido por un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales, que absorbería las funciones de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica, CONETEC, y del Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud, CATPROS. El título daba la decisión por tomada; los verbos la situaban en el futuro.
Después llegaron las explicaciones al Congreso. En el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno informó que el proyecto de decreto permanecía en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. En el Informe 145 agregó: “Sobre la cuestión de su formalización y de dónde estará ubicada en el organigrama llegado el momento lo comunicaremos”. La formalización seguía pendiente, sin fecha anunciada.
La revisión de fuentes públicas oficiales no permitió localizar una norma de creación publicada, designaciones de autoridades ni dictámenes difundidos bajo el nombre de ANEFiTS. Esto no descarta expedientes en trámite o trabajo preparatorio. Tampoco permite presentar su funcionamiento como un hecho acreditado.
Hay movimientos alrededor del proyecto. El 30 de julio de 2026, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una cooperación técnica no reembolsable de 800.000 dólares, financiada por el Fondo Especial de Japón. Apoyar la creación de ANEFiTS es uno de sus tres objetivos. El monto corresponde al conjunto de la cooperación; no equivale a recursos entregados íntegramente a una agencia constituida.
Una cosa es financiar el camino hacia una institución; otra, haber llegado.
Mientras tanto, el Ministerio continúa presentando a CONETEC como organismo evaluador. Sus definiciones técnicas sometidas a consulta son vinculantes para la cartera sanitaria y sus organismos descentralizados y desconcentrados. También puede asesorar en procesos judiciales. Existe una estructura previa; falta precisar cuándo y cómo ocurrirá su anunciada transformación.
La idea merece algo mejor que una espera indefinida. Todo sistema de salud administra recursos limitados frente a necesidades crecientes. Un medicamento puede ser innovador, eficaz y muy costoso. Puede ofrecer una mejoría decisiva o una ventaja modesta frente a las alternativas. Distinguir esas situaciones es una responsabilidad sanitaria.
La pregunta incluye cuánto beneficio adicional ofrece, con qué certeza lo sabemos y qué necesidades quedan sin atender al financiarlo. Detrás del presupuesto hay pacientes visibles y otros que todavía esperan diagnóstico, consulta o tratamiento.
Un estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, publicado en 2025, examinó 264 informes que generaron 375 recomendaciones. Cerca de dos tercios fueron moderada o totalmente desfavorables a la cobertura; también hubo recomendaciones favorables e inciertas. Esos resultados no representan todo lo financiado en Argentina. Muestran que la evidencia, el beneficio clínico y el impacto económico no siempre acompañan las expectativas.
Pero una agencia tampoco puede reducirse a una calculadora.
La gravedad, la ausencia de alternativas y la equidad deben integrar la deliberación. Cada decisión necesita fundamentos comprensibles, plazos razonables y mecanismos de revisión. La transparencia sirve para justificar tanto una incorporación como una negativa.
El anuncio original dejó una pregunta sensible: ubicó la evaluación antes del inicio del registro para comercialización. Debe precisarse cómo se articularía la agencia con ANMAT. Autorizar una tecnología y decidir su cobertura son funciones relacionadas, con propósitos distintos. Su coordinación exige claridad.
También habrá que explicar cómo participarán pacientes, profesionales, sociedades científicas, financiadores e industria. Escuchar requiere canales concretos; preservar la independencia exige reglas sobre conflictos de interés. La autoridad se construye mostrando quién decide, con qué información y bajo qué procedimientos.
La judicialización merece igual cuidado. Un dictamen puede mejorar decisiones administrativas y aportar elementos a un tribunal. No elimina los conflictos sobre derechos y urgencias. Para ayudar debe llegar a tiempo. Un informe tardío puede resultar tan inútil como una promesa.
Aquí aparece la paradoja. La agencia fue anunciada para aportar previsibilidad, criterios explícitos y transparencia. Su propio proceso de constitución sigue necesitando esas cualidades.
El Gobierno puede aclarar el estado del expediente, identificar los pasos pendientes y comunicar un cronograma. Si el diseño cambió, corresponde explicar cómo. Si existen obstáculos, interesa conocerlos. Si ya fue formalizada, los documentos deberían permitir comprobarlo.
Publicar esa información permitiría discutir el diseño real de la agencia y sus garantías, en lugar de interpretar anuncios o buscar señales dispersas entre comunicados y respuestas parlamentarias.
Más de dieciocho meses después, la pregunta dejó de ser si necesitamos evaluar mejor lo que financiamos. La pregunta es cuándo contará el país con la institución prometida.
Por ahora, el nombre está. Falta acreditar públicamente la agencia que debe responder por él.
* El autor es médico cardiólogo y profesor universitario.
