Mejorar simultáneamente los salarios y la competitividad requiere crear un entorno más favorable para la producción. Esto implica mejorar la infraestructura productiva, reformar el sistema tributario y modernizar la legislación laboral.
Un estudio de la UBA y el Conicet reveló que el salario mínimo real cayó 32% y se ubica por debajo del 2001
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La baja performance en términos de productividad se refleja en un binomio preocupante: costos laborales altos para la producción y salarios bajos para los trabajadores. Las "soluciones" de siempre —como la devaluación— no modifican la realidad de fondo. En cambio, sí lo hacen las reformas estructurales que generen un entorno más propicio para producir. Con la inflación en retroceso, los precios siguen siendo elevados en dólares.
Inducir una devaluación del peso podría reducir los salarios medidos en dólares, otorgando mayor competitividad a las exportaciones y a las industrias que compiten con productos importados. Sin embargo, eso empeoraría la situación de los trabajadores, al provocar una licuación del poder adquisitivo. Por otro lado, ceder a las presiones gremiales podría mejorar la capacidad de compra a corto plazo, pero a costa de profundizar los problemas de competitividad.
Según datos del Ministerio de Economía, en 2017 el salario privado registrado ascendía a 1.500 dólares mensuales, y el PBI por asalariado privado registrado era de 124.000 dólares anuales. Para 2025, esos valores descendieron a 1.060 dólares y 97.000 dólares, respectivamente.
En pocas palabras, el salario en dólares cayó un 29 %, mientras que la productividad —medida por el PBI por asalariado privado registrado— se redujo un 22 % respecto de 2017. Estos datos muestran que, en relación con el año previo al estallido de la crisis cambiaria, tanto los salarios como la productividad han caído significativamente. La paradoja de un salario bajo pero costoso para los empleadores se explica porque cada trabajador produce menos. El principal desafío consiste en mejorar la eficiencia económica, de modo tal que aumente el valor agregado que genera cada empleado.
Si retrocedemos a mediados de los años 90, el salario medido en dólares rondaba también los 1.000 dólares actuales. Sin embargo, la productividad era un 60 % más alta. Más allá de la legitimidad de los reclamos por mejoras salariales, se debería actuar con cautela a la hora de convalidar aumentos generalizados pactados a nivel central entre sindicatos y cámaras empresarias. Lo más prudente sería que las actualizaciones salariales se definan en cada empresa, de modo que estén alineadas con su nivel de productividad y no pongan en riesgo los puestos de trabajo.
Mejorar simultáneamente los salarios y la competitividad requiere crear un entorno más favorable para la producción. Esto implica avanzar en tres frentes: mejorar la infraestructura productiva desde los tres niveles del Estado; reformar el sistema tributario, reemplazando Ingresos Brutos y tasas municipales por un IVA que absorba esos gravámenes; y modernizar la legislación laboral, permitiendo que las pymes puedan desvincularse de los convenios colectivos centralizados.
Revertir estos sesgos permitirá que, desde los distintos niveles de gobierno, se asuma una actitud más activa frente a las reformas estructurales que son imprescindibles para lograr mejoras sostenidas en las remuneraciones.
*El autor es profesor de la Universidad del CEMA.