Esta cesión de las rutas nacionales a Mendoza, carecen de la legalidad constitucional y significa una nueva claudicación de Mendoza frente al poder central. Suena más a una entrega política, que al bienestar de todos los habitantes de la Provincia y además con aumento en los tributos para satisfacer caprichos a los que ya nos tiene acostumbrada la escena ejecutiva nacional.
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La provincia de Mendoza acaba de sancionar la ley 9640 mediante la cual acepta la cesión y transferencia de distintos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143 otorgados por Vialidad Nacional, haciéndose cargo de todo gasto y/o inversión sobre ellas.
Dicha cesión es nula de nulidad absoluta e inconstitucional por los siguientes motivos, a saber: 1) Ni Vialidad Nacional, ni tampoco el Poder Ejecutivo Nacional, pueden enajenar tierras de propiedad de la Nación, sin previo consentimiento del Congreso (art 75 inc. 5 de la Constitución Nacional); 2) La Nación para efectuar transferencias de servicios, funciones, bienes tiene que asignar previamente los recursos mediante ley del Congreso (art 75 inciso 2 Constitución Nacional); 3) No tiene dictamen de la Agencia de Bienes del Estado.
Por su parte, la Provincia para imponer peajes sobre los tramos cedidos por la Nación, previamente debe: 1) ofrecer al menos, una ruta alternativa gratuita. De lo contrario, viola el art. 14 de la Constitución Nacional que ordena la absoluta libertad de tránsito; 2) No se informa en la ley 9640 de donde saldrán los recursos provinciales ya que en el Presupuesto 2025 nada se ha establecido, pues la transferencia de los tramos nacionales fue una apresurada decisión del Ejecutivo provincial en el pasado mes de mayo; 3) Tampoco la ley 9640 hace referencia a los fondos obtenidos de la Nación que ascienden a los mil millones de dólares que podrían afrontar tal desatinada erogación; 4) De allí que el Ejecutivo provincial debe, previamente, reparar las graves deficiencias que hoy ofrecen las rutas provinciales que se encuentran en un estado prácticamente de intransitabilidad desde hace mucho tiempo.
Por todo ello, es que esta cesión de las rutas nacionales a Mendoza, carecen de la legalidad constitucional y significa una nueva claudicación de Mendoza frente al poder central.
Es decir que suena más a una entrega política, que al bienestar de todos los habitantes de la Provincia y además con aumento en los tributos para satisfacer caprichos a los que ya nos tiene acostumbrada la escena ejecutiva nacional.
* El autor es doctor en Derecho (U. B. A.).