¿A dónde va la región?

Imagen ilustrativa / Gentileza
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Mientras el mundo tiene la mirada puesta en Afganistán, el resultado de la elección presidencial de octubre de 2002 en Brasil definirá el rumbo político de América Latina.

El ex presidente Lula da Silva, en un acto de precampaña electoral realizado en el nordeste de Brasil, exhortó a la izquierda latinoamericana a no abandonar el sistema democrático. Frente al autoritarismo que ha asumido el presidente nicaragüense Daniel Ortega, que se presenta a su quinto periodo presidencial habiendo detenido a 7 candidatos opositores y más de 30 dirigentes, tanto Lula como el ex presidente uruguayo, José Mujica, exhortaron -sin demasiado éxito- al presidente de Nicaragua a mantener la vía democrática. Lula percibe la necesidad de evitar la radicalización de la izquierda latinoamericana por dos razones: por un lado la estabilidad regional, y por el otro el costo electoral que pueden implicar, en la elección presidencial de octubre de 2022, estas posiciones extremas del “progresismo” para su propia candidatura. Los sondeos siguen dando a Lula ganador en primera vuelta frente al presidente Jair Bolsonaro. Este ha tenido una derrota importante en el Parlamento, al no lograr la mayoría calificada necesaria para aprobar su proyecto de reforma electoral, que vuelve a introducir el papel como verificación del voto electrónico. El presidente obtuvo más votos que la oposición en la Cámara de Diputados, pero no los suficientes para alcanzar la mayoría necesaria. La votación tuvo lugar días después de que el presidente desviara una columna militar que se dirigía a un ejercicio de rutina, para hacerla desfilar por Brasilia, frente al Palacio Presidencial. Tanto en el Congreso como en el Poder Judicial, se interpretó el hecho como una suerte de “presión y amenaza” sobre el sistema institucional para que fuera aprobado el proyecto de Bolsonaro, y ello jugó en contra de él.

Comenzaron las negociaciones entre el oficialismo y la oposición venezolana que se realizan en México, con importante participación extrarregional. El 13 de agosto, los representantes de Nicolás Maduro y de la oposición -entre ellos Juan Guaidó-, firmaron un acuerdo para discutir la transparencia electoral y el levantamiento de las sanciones económicas que Estados Unidos, y en menor medida la Unión Europea, han impuesto al régimen venezolano, como respuesta a las violaciones de los derechos humanos. Se acordó así una hoja de ruta de los temas a discutir con vistas a la elección legislativa que se realiza el 21 de noviembre. El diálogo fue auspiciado por Noruega. Cada uno de los sectores enfrentados eligió un “país facilitador” para la gestión. El chavismo se inclinó por Rusia, en la que juega un papel fundamental en el proyecto de privatización petrolera que requiere la aceptación de las potencias occidentales, que deberían levantar las sanciones. La oposición, por su parte, eligió a Holanda. El acuerdo firmado prevé la incorporación de “países acompañantes” que serían observadores privilegiados e informados sobre las discusiones, aunque sin voz ni voto en la negociación. En este “grupo de países amigos del proceso” estarían Estados Unidos, México y Argentina. No es fácil que se llegue finalmente a un acuerdo. Cabe recordar que las negociaciones gobierno-oposición de 2018 en República Dominicana y de 2019 en Barbados, fracasaron.

Mientras tanto, la crisis política peruana se agudiza a menos de un mes de la asunción del nuevo gobierno. Pedro Castillo es, al iniciar su mandato, el presidente peruano con el apoyo de opinión pública más bajo de los últimos 20 años: lo acepta sólo el 38%, casi la mitad que lo que tenían al mismo momento alguno de sus predecesores. Cabe señalar que el Congreso todavía no ha aprobado la designación del Jefe de Gabinete, Guido Bellido, quien enfrenta una denuncia judicial por financiamiento ilegal de la campaña electoral, en la cual también están involucrados dirigentes del partido oficialista Perú Libre. El líder de este partido, Vladimir Cerrón, el “hombre fuerte” detrás de Castillo, también está involucrado. Las denuncias de corrupción impidieron al líder del partido poder presentarse como candidato presidencial, y de allí surgió su decisión de elegir a Castillo, un dirigente sindical docente y apolítico, para ocupar su lugar. La oposición controla el Congreso, donde el oficialismo tiene sólo 37 de los 130 legisladores. Si el Congreso rechaza dos veces al Gabinete, se deben convocar nuevas elecciones para elegir un nuevo Parlamento, algo que en principio no le conviene a la oposición. Es que con este Congreso, no es posible para Castillo avanzar hacia la reforma constitucional como su estrategia política central, y sólo una nueva elección parlamentaria podría darle la oportunidad de hacerlo. Por su parte, el oficialismo denuncia una conspiración de la oposición para promover un juicio político por falta de idoneidad contra el presidente.

En conclusión, mientras el mundo tiene la mirada puesta en Afganistán, el resultado de la elección presidencial de octubre de 2022 en Brasil definirá el rumbo político de América Latina, al tiempo que se agudiza la crisis desatada en Perú por la llegada al poder de Pedro Castillo y en México, tiene lugar un nuevo intento de negociación entre el régimen venezolano y la oposición.

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