Costa Rica votará para presidente el 1.º de febrero de 2026 en un escenario que muestra de manera clara la incertidumbre política que atraviesa a buena parte de América Latina. Con veinte candidaturas oficiales y una ciudadanía marcada por la indecisión, la campaña se mueve en un terreno volátil donde no existe un liderazgo plenamente consolidado. El ascenso reciente de la opositora Laura Fernández, que lograría obtener alrededor de un tercio de las preferencias, introduce una dinámica competitiva pero que no altera el hecho central: la mayoría de los votantes aún no define su elección y esa indecisión, como señalan diversos análisis, tiende a favorecer al oficialismo en la primera vuelta. La proliferación de figuras nuevas, el desgaste de las estructuras partidarias tradicionales y la dificultad para instalar agendas estables reflejan un cambio profundo en la cultura electoral costarricense. Esta fragmentación, más que una anomalía local, forma parte de un patrón regional donde el voto se está volviendo más volátil, las campañas más cortas y los resultados más imprevisibles. Así, la elección de febrero no solo determinará quién será el nuevo presidente, sino que mostrará si Costa Rica mantiene su histórica estabilidad política o si ingresa en el ciclo de volatilidad que ya caracteriza a otros países latinoamericanos.
Perú celebrará sus elecciones presidenciales el 12 de abril de 2026 en un contexto que lleva al extremo la tendencia regional hacia la dispersión y la incertidumbre. Con treinta y siete candidaturas oficialmente inscritas, el proceso electoral refleja la debilidad crónica del sistema partidario peruano, la erosión de los liderazgos tradicionales y la incapacidad de articular proyectos políticos duraderos. La proclamación del opositor Alfredo Barnechea como candidato de Acción Popular, tras un proceso interno cuestionado por denuncias de fraude, ilustra cómo incluso los partidos históricos atraviesan crisis de legitimidad. La magnitud de la oferta electoral convierte a la primera vuelta en un espejo del fraccionamiento social más que en una competencia ideológica consistente. En paralelo, la relevancia de las fórmulas vicepresidenciales es mayor en un país donde la destitución presidencial se ha vuelto una posibilidad real y recurrente. La ciudadanía enfrenta la elección con un profundo escepticismo, marcado por la inestabilidad institucional, los conflictos entre poderes y el deterioro económico. En este escenario, la segunda vuelta -si se repite la tendencia de elecciones previas- podría enfrentar a dos candidatos con bases reducidas, obligados a buscar adhesiones de última hora en un ambiente de creciente desconfianza social. Perú encarna así, de manera casi paradigmática, la incertidumbre que define la política electoral latinoamericana.
Colombia elegirá presidente el 31 de mayo de 2026 en un entorno donde la incertidumbre adquiere un matiz distinto al de otros países de la región. Es que esta no surge principalmente de la fragmentación partidaria, sino del deterioro de la seguridad y de la polarización política acumulada. Las encuestas más recientes sitúan al oficialista Iván Cepeda entre los candidatos mejor posicionados, pero la contienda avanza en un terreno cruzado por la presencia de grupos armados, disputas territoriales, presiones sobre líderes locales y riesgos de violencia electoral. Informes académicos y análisis periodísticos coinciden en que la campaña se desarrollará en un ambiente de alta tensión, marcado por la desinformación, intentos de sabotaje político y dificultades logísticas para garantizar el voto en zonas rurales. Al mismo tiempo, el desgaste del gobierno actual y la falta de consensos sobre el rumbo del proceso de paz alimentan un clima de polarización que desafía la capacidad del sistema institucional para sostener una competencia democrática plena. A diferencia de Costa Rica y Perú, donde domina la incertidumbre programática, en Colombia predomina la incertidumbre sobre la seguridad del acto electoral: la duda no es solo quién ganará, sino cómo se desarrollará la elección y si el Estado podrá asegurar condiciones homogéneas de participación en todo el territorio. La votación de 2026 será, por ello, un examen crítico de la resistencia institucional del país.
Brasil celebrará sus elecciones generales el 4 de octubre de 2026 en un escenario donde la incertidumbre regional se expresa a través de una polarización estructural, más que por la multiplicidad de candidaturas. Con Lula da Silva buscando un cuarto mandato y Flávio Bolsonaro (hijo del ex presidente Jair Bolsonaro) ingresando formalmente a la contienda, el país se encamina hacia una disputa profundamente polarizada, marcada por memorias recientes y por debates que exceden a los candidatos para involucrar visiones contrapuestas sobre el rumbo económico, social y ambiental del país. Aunque análisis recientes sugieren que una parte del electorado busca alternativas fuera del eje tradicional, la fuerza simbólica de ambos proyectos mantiene el centro de gravedad de la competencia. La coyuntura económica, las tensiones fiscales y la agenda ambiental añaden capas de complejidad a una elección que impactará directamente en la gobernabilidad futura y en la proyección regional de Brasil. A diferencia de otros países latinoamericanos, donde la incertidumbre proviene de la dispersión, en Brasil proviene de la intensidad de un duelo político prolongado que puede redefinirse, pero difícilmente desaparecer. El desafío de 2026 será determinar si el sistema político brasileño logra absorber la polarización o si ésta continuará modelando la toma de decisiones durante el próximo ciclo presidencial.
El 2026 será clave para definir la orientación política de la región en la segunda mitad de la presente década.
* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
