Foto:
Estamos en días claves para la discusión en la Legislatura del Presupuesto 2018 de la Provincia y volvieron a aparecer algunos fantasmas que viene de viejas rencillas del pasado. En general no habrá oposición para el cálculo de gastos y recursos, pero donde se plantean diferencias en las obras públicas planificadas y el endeudamiento necesario para financiarlas.
Previo al tratamiento legislativo, varios funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo se reunieron con intendentes "del palo", es decir de Cambia Mendoza, la mayoría radicales, con los cuales no tuvieron demasiados problemas, a pesar de que hubo reclamos teniendo en cuenta que el Ejecutivo plantea duplicar el presupuesto de obras.
Estos funcionarios también se dieron a la tarea de conversar con dirigentes e intendentes del justicialismo porque, como se sabe, la aprobación para tomar deuda (1.800 millones han pedido) necesitan para la aprobación legislativa de una mayoría especial de dos tercios de los presentes por lo cual el acompañamiento de los legisladores de la oposición será fundamental.
En estos diálogos surgieron reflexiones e inquietudes importantes. Los justicialistas, a la luz de lo que pasó en el Congreso, no quieren aparecer obstruyendo, pero tienen reclamos que hacer y el más importante es que en la distribución de fondos para obras solo serían beneficiados los municipios oficialistas, siendo postergados los justicialistas.
En los diálogos, surgió que, aparte de los fondos de coparticipación y de las obras provinciales, los oficialistas están recibiendo partidas de los denominados "fondos discrecionales" que aún maneja la Nación. Los mayores beneficiarios serían los municipios del Gran Mendoza.
El intendente de San Martín, Jorge Giménez, en diálogo con Radio Mitre Mendoza, dijo que a también él le encantaría contar con algunos de esos fondos para beneficio de los vecinos de su departamento, que son tan mendocinos como los de los municipios oficialistas.
En estos planteos queda algo claro. Los dirigentes justicialistas no pondrían reparos al endeudamiento pero piden un tratamiento más equilibrado en cuanto a la asignación fondos y, sobre todo, a la gestión de los recursos discrecionales.
El segundo tema, y más complejo desde lo estructural es cómo manejar el concepto del financiamiento de las obras públicas. Tanto la Nación como las provincias tienen claro que las obras que tendrán una duración de varios años no deben ser financiadas con la caja sino que es un caso típico donde se justifica tomar deudas para que los usuarios futuros también participen de su financiamiento.
Esto no ocurre en los municipios, donde todas las obras se financian con la caja, y sería deseable una acción coordinada para poder acceder a financiamientos con organismos multilaterales o en el exterior, previa planificación acordada entre los municipios y la provincia para evitar pagar sobre costos y mejorar aún más la imagen de la provincia hacia el futuro.