El acuerdo incluye además, una reforma del sistema de Justicia venezolano.
La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera, y el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, firman un documento en la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela).
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EFE
La mesa de negociación entre el sector opositor representado por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y el oficialismo, encabezado en las conversaciones por Jorge Rodríguez, alcanzó este miércoles sus primeros acuerdos en Venezuela.
Entre los principales puntos se encuentra el descongelamiento de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio.
Además, ambas partes acordaron avanzar en una reforma del sistema de Justicia, que contempla la renovación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como modificaciones a las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial.
Los acuerdos comenzarán a ejecutarse durante agosto y estarán supervisados por una comisión de evaluación y verificación, encargada de controlar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La comisión mixta, integrada por seis representantes de cada sector, comenzó a trabajar de manera permanente el 6 de agosto y cerró esta primera etapa con la publicación de un comunicado conjunto. El documento fue leído en el auditorio del Hotel Meliá Caracas y transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez y Figuera fueron los encargados de presentar el texto. Ambos firmaron el documento y se estrecharon la mano al finalizar el acto.
Uno de los principales acuerdos está relacionado con la utilización de los activos venezolanos que permanecen depositados en el Banco de Inglaterra.
Según el comunicado, ambas partes buscarán recuperar las reservas internacionales venezolanas para destinarlas a la atención de las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio.
El objetivo será priorizar necesidades vinculadas con viviendas, electricidad, salud y la remoción de escombros.
El acuerdo establece que deberán implementarse mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para garantizar que los fondos sean utilizados de manera eficiente y lleguen a las personas afectadas por la emergencia.
El segundo eje de las negociaciones apunta a una transformación del sistema judicial venezolano.
Las delegaciones acordaron iniciar un proceso para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y otras normas vinculadas con el sistema de Justicia nacional.
También resolvieron renovar y ampliar el comité encargado de evaluar las postulaciones judiciales y poner en marcha un nuevo proceso para la postulación y designación de todos los magistrados del TSJ.
A su vez, se creará un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos para analizar a los candidatos y verificar que cumplan con las condiciones establecidas por la Constitución, las leyes y los criterios de evaluación.
De acuerdo con lo informado durante el proceso de negociación, la renovación alcanzaría a todas las salas del Tribunal Supremo, y no solamente a las vacantes existentes.
