Un tribunal desestimó la denuncia por robo contra un empleado que cobró 330 veces su salario y desapareció. Enterate porqué este vacío legal podría afectarte hoy.
Un error administrativo le hizo cobrar mucho más dinero del que debía.
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Un error administrativo en Chile cambió la vida de un trabajador para siempre tras recibir una transferencia millonaria en su cuenta bancaria por accidente. Lo que parecía un conflicto legal inevitable para recuperar el dinero terminó en un fallo judicial histórico que hoy genera un intenso debate sobre los vacíos legales existentes.
Un operario del Consorcio Industrial de Alimentos de Chile protagonizó un hecho sin precedentes al recibir una transferencia equivalente a 330 veces su salario mensual. El depósito, realizado originalmente en mayo de 2022, ascendió a la impactante cifra de 165 millones de pesos chilenos, lo que representa aproximadamente 180 mil dólares.
Al detectar la equivocación, la firma se puso en contacto inmediato con el hombre para solicitar la restitución de los fondos. Según los reportes del caso, el trabajador aceptó inicialmente realizar la devolución del dinero excedente, pero el desenlace tomó un rumbo completamente inesperado apenas unas horas después.
Solo tres días después de haber recibido la fortuna y prometido devolverla, el empleado presentó su renuncia formal y cortó toda comunicación con la empresa sin restituir la suma. Ante esta acción, la compañía decidió iniciar una denuncia penal por el delito de robo, argumentando que el sujeto actuó de mala fe al quedarse con el capital y abandonar su puesto.
Sin embargo, el proceso judicial que se extendió por más de tres años arrojó una conclusión que sorprendió al sector empresarial y legal. La defensa del trabajador sostuvo con éxito que no existió ningún tipo de delito penal en la acción de su cliente. El argumento central fue que el dinero no se obtuvo mediante engaños, fraudes ni manipulaciones del sistema bancario por parte del usuario.
La Justicia chilena validó esta postura al confirmar que la transferencia fue un acto voluntario, aunque erróneo, de la propia empresa, sin que mediara intervención alguna del trabajador para provocar el pago. En septiembre de 2025, un tribunal de Santiago de Chile resolvió finalmente desestimar la denuncia penal presentada por el Consorcio Industrial de Alimentos.
Los magistrados concluyeron que el hecho no cumple con los requisitos para ser tipificado como robo en los términos de la ley vigente. En su lugar, definieron la acción como una "apropiación no autorizada", una figura jurídica específica que, según el fallo, no se encuentra penada por la legislación de dicho país.
Este veredicto marca un precedente crítico sobre la responsabilidad de las empresas en sus procesos de liquidación de haberes. Las consecuencias prácticas de esta resolución judicial implican que:
Tras años de litigio, la causa judicial fue cerrada definitivamente, dejando al exempleado en libertad de acción respecto al monto recibido por el error de la compañía. Este caso resalta hoy la importancia de extremar los controles en las transacciones digitales para evitar pérdidas millonarias que la justicia penal podría no sancionar.