7 de mayo de 2026 - 14:50

Nueva evaluación de discapacidad: quiénes quedan excluidos de las nuevas normas y qué hacer

El Decreto Legislativo 29/2024 retrasa la aplicación nacional del modelo unificado hasta enero de 2028, obligando a usar el certificado médico tradicional durante todo 2026.

El INPS activó el mensaje 1377/2026 para frenar la incertidumbre sobre la reforma de la discapacidad en Italia. La entidad confirmó que los mayores de 70 años con patologías crónicas no entrarán aún en el nuevo sistema de evaluación multidimensional. Hasta diciembre de 2027, este colectivo debe tramitar la Ley 104 mediante los procedimientos ordinarios.

El organismo busca coordinar dos reformas estructurales que colisionan en la gestión administrativa. El decreto legislativo 29/2024 rediseña las políticas para ancianos, mientras que el decreto 62/2024 revisa el sistema de reconocimiento de la discapacidad. Esta dualidad técnica obliga a mantener el esquema de certificación médica clásica para evitar el colapso del sistema.

La prórroga de los 70 años bloquea el nuevo modelo de discapacidad

La normativa establece que los ciudadanos que hayan cumplido al menos 70 años y presenten riesgo de pérdida de autonomía mantendrán las reglas previgentes hasta el 31 de diciembre de 2027. El nuevo modelo de "evaluación multidimensional unificada" no será operativo para ellos, incluso si residen en territorios donde ya comenzó la experimentación técnica.

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Zonas como Milán, Turín, Florencia y Nápoles ya iniciaron pruebas del decreto 62/2024, pero deben ignorar el nuevo protocolo para los ancianos. El INPS decidió prorrogar las leyes actuales, incluida la Ley 104/1992, para garantizar que la transición digital no interrumpa la entrega de prestaciones económicas ni cree vacíos normativos en la asistencia.

Fuera de las áreas de experimentación, las reglas antiguas permanecen vigentes para todos los solicitantes, sin importar su edad. El mensaje 1377/2026 funciona como un muro burocrático que protege la continuidad de los derechos adquiridos frente a la complejidad de un cambio sistémico que el Estado aún no puede procesar a escala nacional.

El proceso administrativo obligatorio para obtener beneficios en 2026

Desde el 1 de junio de 2026, los interesados deben obtener un certificado médico introductorio de su médico de cabecera como primer paso. El solicitante tiene un plazo máximo de 90 días para vincular este documento a una petición formal ante el INPS para el reconocimiento de su invalidez civil o condición de discapacidad.

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Posteriormente, las Comisiones Médicas de las Agencias Sanitarias Locales (ASL), integradas por un médico del INPS, realizan el examen físico oficial. Una vez validado el resultado por el ente previsional, se emite un acta que reconoce el porcentaje de invalidez y activa las prestaciones económicas o los beneficios de la Ley 104.

Esta estructura asegura que el paso al modelo unificado no genere dificultades operativas para las personas más frágiles. La transición no implica una reducción de las tutele existentes, sino una extensión de los métodos tradicionales mientras se adecúan los sistemas informáticos para el despliegue definitivo en 2028. La fase experimental en territorios seleccionados comenzará el 1 de enero de 2027, postergando la aplicación en todo el territorio italiano para el primer día de 2028.

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