La medida otorgará autorización de residencia y trabajo por un año desde la admisión del trámite.
Pedro Sánchez, presidente de España.
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El Consejo de Ministros de España se prepara para iniciar la tramitación de un real decreto destinado a regularizar la situación de aproximadamente 500 mil inmigrantes que viven en el país sin documentación. La medida es impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y tiene como objetivo otorgar seguridad jurídica y garantizar derechos a quienes ya forman parte de la realidad social española.
El proyecto surge de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, anunciado por la eurodiputada Irene Montero, y alcanzará a todas las personas que hayan ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en el territorio.
Para demostrar ese período de permanencia, los solicitantes podrán presentar distintos tipos de documentación, como empadronamiento municipal, informes médicos, contratos de suministros, como el de energía eléctrica, o certificados de envío de dinero, una alternativa clave para quienes enfrentan dificultades para acceder al padrón oficial.
Uno de los puntos centrales del decreto es que la admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año. Además, este paso suspenderá los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesaran sobre la persona solicitante. Finalizado ese período, se podrá gestionar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería vigente.
Al tratarse de un real decreto, el Ejecutivo español no necesita la convalidación parlamentaria, lo que le permite avanzar con la iniciativa pese a la falta de apoyos en el Congreso en materia migratoria. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que el objetivo es garantizar derechos y dar respuesta a una realidad social existente.
España ya aplicó ocho procesos extraordinarios de regularización desde los años 80, impulsados tanto por gobiernos del PSOE como del Partido Popular, con el fin de reducir la inmigración irregular y combatir la economía informal.
En cuanto a los argentinos en España, se estima que alrededor de 415.000 residen de forma legal, de los cuales el 44% cuenta con doble nacionalidad. Si bien los argentinos en situación irregular representan una minoría frente a otras nacionalidades latinoamericanas, quienes no tengan su documentación al día podrán acceder al beneficio si cumplen con los requisitos de residencia.
Según datos del centro de análisis Funcas, actualmente 840.000 inmigrantes viven en España en situación administrativa irregular, aunque esa cifra sería menor tras la última reforma del reglamento de extranjería, en vigor desde mayo de 2025, que flexibilizó los mecanismos de regularización. De ese total, el 91% proviene del continente americano, con fuerte presencia de ciudadanos colombianos, peruanos y hondureños.