Los gobiernos recurrieron a subsidios, reducciones de precios, cambios en la mezcla de combustibles y mecanismos de protección frente a las importaciones.
Brasil se incorporó al grupo de países de América Latina y el Caribe que aplicaron medidas extraordinarias frente al aumento del petróleo, los costos de importación y la inestabilidad energética. Las respuestas también alcanzaron a Colombia, Cuba, Bahamas, Puerto Rico y otros destinos dependientes, en distinta medida, de combustibles adquiridos en el exterior.
La crisis no produjo una política coordinada entre esos gobiernos. Cada país tomó decisiones según su disponibilidad de petróleo, capacidad fiscal y funcionamiento del sistema eléctrico: algunos subsidiaron combustibles, otros redujeron precios, modificaron impuestos o facilitaron nuevas formas de importación.
La Agencia Internacional de la Energía explicó que la alteración del mercado mundial llevó a numerosos gobiernos a implementar acciones temporales para sostener el abastecimiento, reducir el consumo o proteger a hogares y empresas. La OCDE encontró que los recortes impositivos y los subsidios fueron las herramientas más utilizadas durante los primeros meses de 2026.
Brasil creó un régimen de emergencia para garantizar el abastecimiento interno y subsidiar combustibles como el diésel de uso vial y el gas licuado de petróleo, utilizado principalmente para cocinar. Uno de los mecanismos autorizó una ayuda de 1,12 reales por litro de diésel comercializado por productores e importadores.
Las medidas iniciales tenían una vigencia limitada y el Gobierno comenzó a recalibrarlas cuando retrocedieron los precios internacionales. Sin embargo, mantuvo otras herramientas: el impuesto temporal del 12% sobre las exportaciones de petróleo fue prorrogado en julio y los recursos obtenidos ayudaron a financiar los programas destinados a amortiguar el impacto interno.
Desde el 1 de agosto, Brasil también elevó temporalmente del 30% al 32% la cantidad obligatoria de etanol presente en la gasolina. La disposición rige durante 180 días y podría prorrogarse por otro período igual. El Gobierno estima que la mezcla denominada E32 puede reducir en aproximadamente 900 millones de litros anuales la necesidad de importar gasolina.
Brasil cuenta con una industria de biocombustibles desarrollada, pero continúa expuesto a determinadas importaciones y al valor internacional del diésel. Por eso, su situación no equivale a una falta generalizada de energía: las medidas buscan principalmente contener precios, asegurar la oferta y disminuir la dependencia externa.
Colombia siguió una estrategia diferente. Durante febrero, el Ministerio de Minas y Energía aplicó dos reducciones sucesivas que llevaron a una baja acumulada de 1.000 pesos colombianos por galón de gasolina, mientras mantenía estable el precio del diésel.
El país también adoptó medidas extraordinarias para asegurar la continuidad del servicio eléctrico, especialmente en zonas vulnerables. Estas decisiones estuvieron relacionadas con la emergencia económica, social y ecológica y con el riesgo de escasez hídrica, que puede afectar a un sistema con una participación importante de la generación hidroeléctrica.
Por lo tanto, las respuestas colombianas no obedecieron únicamente al precio del petróleo. También buscaron evitar dificultades en la generación de electricidad y contener el impacto sobre las tarifas.
Cuba presenta un escenario mucho más severo. La caída de las importaciones de petróleo provocó escasez de gasolina y diésel, interrupciones del transporte y apagones prolongados. Desde mayo, el Gobierno permitió que determinados precios de los combustibles vendidos en dólares variaran según el costo real del proveedor, el transporte y los seguros.
También se habilitó una mayor participación privada en la importación y distribución de combustible. A finales de julio, las autoridades avanzaron con nuevas aperturas económicas, mientras el deterioro energético continuaba afectando servicios, empresas y actividades vinculadas con el turismo.
La fragilidad volvió a quedar expuesta el 3 de agosto, cuando la red eléctrica cubana sufrió un colapso nacional y volvió a fallar durante las tareas de recuperación. La falta de combustible, las centrales envejecidas y las dificultades para conseguir repuestos mantienen al sistema bajo una presión extrema.
Bahamas, cuya economía insular depende en gran medida de bienes y energía importados, optó por un mecanismo financiero de cobertura frente a aumentos repentinos del combustible. El Gobierno concretó en diciembre de 2025 una operación diseñada para brindar aproximadamente 365 días de protección ante las fluctuaciones internacionales.
Al mismo tiempo, el país continúa avanzando hacia generación con gas natural licuado y nuevas infraestructuras energéticas. La estrategia busca reducir el impacto que los precios externos pueden tener sobre la electricidad, el costo de vida y una actividad turística que depende de aviones, cruceros, embarcaciones y hoteles.
Las decisiones anunciadas no constituyen una prohibición general de viajar ni significan que todos esos destinos estén atravesando la misma escasez. Sus efectos pueden aparecer de diferentes maneras:
