Los vecinos de la mina de plata de San Rafael casi no salen de sus casas por temor a los soldados y policías que, fusil en mano, vigilan la ciudad en esta región montañosa, llena de vegetación. La plaza central de San Rafael de Las Flores, tradicional sitio de reunión de la comunidad, luce desierta.
Los soldados y el miedo gobiernan esta región, cuyos residentes, la mayoría de ellos indígenas de la tribu xinca, todavía recuerdan los terribles días de la guerra civil de tres décadas que padeció Guatemala. La presencia militar esta vez obedece a los planes que tiene la firma canadiense Tahoe Resources Inc., de Vancouver, para explotar lo que dice es uno de los cinco depósitos de plata más grandes del mundo.
Algunos manifestantes creen que el proyecto, llamado El Escobal, acabará con las fuentes de agua o contaminará ese recurso y cientos de personas han bloqueado carreteras y quemado edificios para tratar de impedir que el proyecto siga adelante.
Miriam Muñoz, de 18 años de edad, dijo que el estado de sitio le afecta: sus padres están nerviosos y no quieren que ella acuda a la escuela. "Esto nos afecta, nos sentimos intimidados. Yo considero que la mina sí nos afecta y la situación no va a cambiar. Lo que debería pasar es que venga el presidente y se enfrente a la situación" dijo.
La empresa y sus defensores rechazan las acusaciones y dicen que la mina generará empleos y decenas de millones de dólares para el gobierno local y las comunidades de la zona.
Andrés Dávila, coordinador de comunicaciones corporativas de la mina, dijo que el metal será extraído mediante un proceso en el que el mineral es pasado por agua. Se emplea la sustancia química catalizadora cianuro de zinc, que según Dávila "no es arrojada a los ríos porque se vuelve a usar en el mismo sitio".
"La mitad de los empleados son de San Rafael y el 95% son guatemaltecos" dijo Dávila. "Por cada dólar recibido, 35 centavos se quedan en Guatemala para impuestos, regalías y contribuciones voluntarias".