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Los mendocinos hemos asistido en los últimos treinta días a una maratón de apuros, nada más ni nada menos que para modificar la cabeza de uno de los pilares en la trilogía de poderes del sistema republicano de gobierno, y aumentar el número de miembros de nuestra Suprema Corte.
Una reforma de semejante dimensión, inexorablemente necesita dos factores que no han sido tenidos en cuenta hasta ahora.
Uno de ellos es la certeza de que el aumento de miembros producirá una mejora en el servicio de administración de Justicia de la provincia. Pero para asegurar esto, el proyecto en cuestión no aporta ningún parámetro de testabilidad, acerca del posible resultado. También carece de proyecciones basadas en datos de la realidad.
El otro punto también desconocido es que para el caso de modificarse un poder del Estado, tiene que existir un acompañamiento social y alto consenso político. La reforma no puede nacer simplemente de los números especulativos de la cantidad de votantes necesarios para obtener una mayoría simple en la Casa de las Leyes. Por el contrario, es necesario un programa que claramente determine la necesidad de producir el cambio, y el mayor acuerdo permisible para que el mismo resulte realizado a partir de una uniformidad, que sea representativa de casi todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
En este caso, la principal debilidad de la propuesta es que no se hicieron consultas con organizaciones especializadas, universidades y/o expertos.
Tampoco se trabajó el proyecto en comisiones de estudios, ya fuera en el Senado de la Provincia, o bien en la Cámara de Diputados.
Para modificar la cúpula de uno de los poderes del Estado, se requiere de amplísima confianza, porque lo que se está modificando es una de las determinaciones del sistema republicano.
Todas estas ausencias en la conducta del gobierno para llevar adelante el proyecto, lógicamente ha concluido en la postergación en el recinto de los Diputados, debido al tratamiento que se dispensó al aumento de miembros de la Suprema Corte.
Las instituciones, en la necesidad de ser modificadas, requieren de una transformación que solamente sea producto de la madurez social, la cual se verifica cuando nos encontramos en presencia de un amplio consenso de todas las fuerzas, comprendiendo también a universidades, organizaciones sociales y expertos que hagan aportes a la transformación.
La historia reciente nos ha mostrado la inutilidad de las decisiones tomadas por la fuerza de los números únicamente, así podemos recordar el desprestigio de la Corte Suprema del menemismo; la integración del Consejo de la Magistratura adoptada por el kirchnerismo, y más cercano todavía la pretensión del Presidente Macri en integrar la Corte Suprema con jueces nombrados por decretos de necesidad y urgencia.
No existen dudas de que la estructura del Poder Judicial tiene que ser modificada, de acuerdo a las necesidades ciudadanas de la actualidad, adoptando toda la tecnología que hoy la ciencia pone al servicio del hombre. Pero una adecuada transformación, antes requiere inexorablemente de un estudio si pretende ser exitosa; también necesita de una inversión que no se agota en cambios a leyes, sino que también incluya a los parámetros conductuales de los operadores del sistema.