Foto:
Miles de manifestantes antigubernamentales volvieron a tomar ayer las calles en diversas ciudades de Brasil, después de que la presidenta Dilma Rousseff rompió un largo silencio y prometió reformas en la noche del viernes, aunque las nuevas movilizaciones fueron más pequeñas y menos violentas que las de los últimos días.
La policía calculó que unos 60.000 manifestantes se reunieron en una plaza central de la ciudad de Belo Horizonte, principalmente para condenar un proyecto de ley que podría limitar la facultad de los fiscales federales para investigar delitos en un país donde una amplia parte de la población está harta de la elevada tasa de robos y homicidios.
Muchos temen que esta propuesta de ley también pudiera obstruir los intentos para encarcelar a los políticos corruptos y a otras personalidades poderosas.
En Belo Horizonte, la Policía usó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes que intentaban atravesar una barrera y lanzaron piedras contra las vidrieras de una concesionaria de autos.
En Río de Janeiro, manifestantes colocaron ayer 500 pelotas de fútbol en la playa de Copacabana, la más conocida de la ciudad, donde protestaron contra los gastos que hace el gobierno para organizar la Copa del Mundo en 2014 y exigieron más presupuesto en salud, educación y seguridad.
Cerca de 50 manifestantes pasaron la noche acampando frente a la residencia del gobernador de Río, Sergio Cabral, y amenazaron con permanecer en el lugar hasta ser escuchados por el gobernante.
La presidenta Dilma Roussef pronunció el viernes un discurso televisado de 10 minutos en el que apoyó el derecho a la protesta pacífica pero condenó enérgicamente los saqueos, así como el vandalismo y todo tipo de acto de violencia.
Roussef también se comprometió a adoptar una postura más severa frente a la corrupción y manifestó disposición a reunirse con manifestantes pacíficos, gobernadores y alcaldes de las grandes ciudades para crear un plan nacional a fin de mejorar el transporte urbano y aprovechar las regalías del petróleo para invertir en educación.
Gran parte de la ira que ha motivado las protestas está dirigida contra las elevadas tarifas del transporte urbano -colectivos, trenes y subtes-, los altos impuestos y los deficientes servicios públicos como la educación escolar y la atención médica.
Muchos brasileños, consternados por una semana de protestas y violencia, expresaron confianza en que las palabras de Rousseff contribuyan a reducir las tensiones y evitar nuevos actos de violencia, aunque el compromiso de ella de pasar a la acción no convenció a todos.
"Voy a reunirme con los líderes de las protestas pacíficas, quiero que las instituciones sean más transparentes, más resistentes a la ilegalidad", expresó Rousseff en referencia a la percepción de una profunda corrupción en la política del país, que ha surgido como un punto central de las protestas. "Es el poder de la ciudadanía, y no el económico, el que debe escucharse primero".
Pero no estaba claro exactamente quién representaría a los nutridos y descentralizados grupos de manifestantes que han tomado las calles para protestar contra los pésimos servicios públicos a pesar de una alta carga fiscal.
Aunque no ofreció detalles, Rousseff dijo que su gobierno crearía un plan nacional de transporte público en las ciudades y reiteró su apoyo a un plan que estudia el Congreso para invertir los ingresos del petróleo en educación, además de una promesa que ya había hecho de traer médicos extranjeros a zonas necesitadas.
