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La amnistía aprobada por la oposición venezolana en el Parlamento para liberar a sus dirigentes presos tiene escasas posibilidades de ser aplicada si el gobierno apela una vez más al Poder Judicial -considerado un aliado- para que declare su ilegalidad, estiman analistas.
“Esa ley por aquí no pasa”, ha repetido insistentemente Maduro, que tras la aprobación de la norma -el 29 de marzo- puede promulgarla, pedir modificaciones o someterla a un examen de constitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser el “bufete jurídico” del chavismo.
Para ello, Maduro tiene un plazo de diez días luego de que le entregaran el texto aprobado por la amplia mayoría opositora en la Asamblea, lo que algunos diputados estiman se cumpliría el viernes.
