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El juez que imputó a la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, confió ayer en que su decisión, que volvió a poner en jaque a la monarquía española, será avalada por el tribunal que debe resolver los recursos que se presenten contra la medida.
“Uno lo hace para que se valide, pero luego si se valida o no, no lo sé”, dijo el juez José Castro en un breve diálogo con los periodistas que lo esperaban en la entrada de su juzgado de instrucción en Palma de Mallorca.
El magistrado imputó a la infanta Cristina delitos de blanqueo y fraude fiscal, penados con hasta 6 y 5 años de prisión respectivamente, por su condición de copropietaria de la sociedad Aizoon, a la que su esposo, el Duque de Palma Iñaki Urdangarín, habría desviado más de un millón de euros de fondos públicos.
Es la segunda vez en menos de un año que la hija menor del rey se enfrenta a la posibilidad de ser juzgada, un hecho inédito para un integrante de la familia real en la historia democrática de España.
El magistrado la citó para declarar en calidad de imputada el 8 de marzo. Contra la imputación cabe un recurso de reforma ante el mismo tribunal o uno de apelación a la Audiencia provincial de Palma de Mallorca, instancia superior, en un plazo de cinco días. Castro dijo que no sabe cuál es la “intención” de las partes y no quiso entrar a analizar qué pasará en los próximos días.
El juez imputó a la infanta contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que previsiblemente se opondrán a su decisión, como ocurrió en la primera ocasión a principios de año. Por su parte, Miquel Roca, uno de los abogados de la infanta, reiteró hoy que está preparando un recurso de apelación ante la Audiencia provincial.
“La infanta quiere que se haga justicia”, dijo el letrado, quien ayer por la tarde habló con la hija del rey, actualmente residente en Suiza por motivos laborales.
