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La Comisión de Asuntos Legislativos del gobierno israelí aprobó ayer un proyecto de ley para anexar de facto sus colonias en el valle del Jordán, la parte más fértil de Cisjordania, el territorio palestino ocupado por Tel Aviv tras la Guerra de los seis días en 1967.
La comisión, antesala de los proyectos de ley que el gobierno presenta al Parlamento, aprobó la propuesta por ocho votos a favor y tres en contra, según informaron las ediciones digitales de los diarios locales Haaretz y Yediot Aharonot.
Los tres ministros que votaron en contra son Tzipi Livni, actualmente encargada de las negociaciones de paz con el gobierno palestino; Yaacov Pery, ex director del Shin Bet, el servicio de inteligencia interno; y Yair Lapid, el periodista laico que sorprendió en las últimas elecciones.
El proyecto, en cambio, fue apoyado por los sectores más conservadores y religiosos de la coalición gobernante, y fue impulsado por la diputada Miri Regev, una referente del ala más derechista del partido Likud, que encabeza el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
El texto, que ahora debe presentarse en la Knesset (Parlamento), busca aplicar la legislación israelí en todas las colonias israelíes y en las rutas que conducen a ellas, lo que de facto se traduciría en la anexión de esa parte del territorio palestino.
Un estatus parecido aplicó Israel en 1981 a la meseta del Golán, un territorio sirio también ocupado tras la guerra de 1967, mientras que en Jerusalén Este la anexión se había establecido por una ley del Parlamento un año antes.
Pese a la situación de hecho creada por Israel, la comunidad internacional no reconoce esas anexiones. Las Alturas del Golán sigue siendo reconocido como un territorio sirio, mientras que Jerusalén Este es considerado por la ONU como una zona ocupada.
De la misma manera, el valle del río Jordán, en el este de Cisjordania, forma parte junto con la Franja de Gaza del territorio donde debe establecerse el futuro Estado de Palestina.
Así lo ratificó de manera multilateral la Asamblea General de la ONU y de forma bilateral la mayoría de los países del mundo, incluída la Argentina.
Ajeno a las resoluciones internacionales, el proyecto de la diputada Regev también pide que la colonización en esos asentamientos no pueda ser limitada por orden gubernamental sino únicamente con la aprobación del Parlamento, lo que anularía cualquier futuro intento de presión internacional sobre un gobierno israelí.
