El éxito del gradualismo dependía de una condición necesaria: que el mundo aporte los dólares que necesitaba el sector público (déficit fiscal) y privado (déficit de cuenta corriente). Ambos déficits superaban el 10% del PBI.
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El éxito del gradualismo dependía de una condición necesaria: que el mundo aporte los dólares que necesitaba el sector público (déficit fiscal) y privado (déficit de cuenta corriente). Ambos déficits superaban el 10% del PBI.
La condición necesaria se cumplió hasta marzo de este año. A partir de entonces, algo cambió, razones externas e internas desencadenaron un corte abrupto del financiamiento externo, el resto es conocido: corrida cambiaria y devaluación del 40%. El mensaje del mercado fue contundente: la magnitud de los déficits es insostenible.
Rigurosamente, el mercado impuso el ajuste que la política económica intentaba evitar. En el medio, la situación forzó un acuerdo con el FMI: la corrección de la insostenibilidad se formalizaba en una hoja de ruta.
La economía que viene se basa sobre 2 nuevos fundamentos macro: a) una corrección del déficit externo (menos importaciones, más exportaciones, menos déficit en turismo) basado en una devaluación que superaría a la inflación y en un menor crecimiento de la economía (¿recesión?); b) una corrección del déficit fiscal basado en una mayor inflación que "licuaría" parte del gasto público a la vez que sostendría la recaudación (más impuesto inflacionario).
La realidad obliga a "barajar y dar nuevo", y ciertas decisiones que hasta hace meses parecían el abc del programa económico hoy despiertan inquietudes.
1- Precios de combustibles: de regulados a libres, a ¿otra vez regulados?
En octubre de 2017 el Ministerio de Energía liberaba el precio de los combustibles, quedando sujetos a movimientos del precio internacional del barril del petróleo y el tipo de cambio.
Desde entonces, el precio internacional aumentó un 20%, y el tipo de cambio se devaluó un 60%. En este contexto, en mayo pasado la Secretaría de Energía firmó el "Acuerdo de estabilidad de precios" con YPF, Shell y Axion Energy, congelando aumentos hasta el 30 de junio. Sin dicho acuerdo, los combustibles aumentarían hoy más de un 30%. A casi ocho meses de su firma, la liberalización de precios parecería ya inviable.
2- Recalculando quita de subsidios a servicios públicos.
El 80% del déficit público nacional son subsidios (luz, gas y transporte). Hoy existen subsidios que cubren (en promedio) un 15% de la tarifa de gas residencial, un 28% de la tarifa de luz residencial, y un 60% del costo del boleto de colectivo (CABA y Bs As).
El Gobierno planeaba eliminar gran parte de los subsidios hacia finales de este año; pero la inesperada devaluación aumentará agresivamente el costo de prestación de todos estos servicios que poseen insumos dolarizados. El cronograma de reducción deberá tomar un ritmo diferente, socialmente tolerable.
3- Obra pública: épocas de austeridad.
El acuerdo con el FMI exige un compromiso de reducir el déficit primario de 2,7% del PBI en 2018 a 1,3% en 2019. El esfuerzo requerido es muy ambicioso en un contexto en el cual 2/3 del gasto nacional es protección social y está indexado.
El mismo acuerdo destaca: "continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean ".
La obra pública es la candidata para aportar una parte importante del ajuste fiscal comprometido, con impacto incierto en provincias. El anunciado "plan de infraestructura más importante de la historia" deberá esperar.
4- Último recurso: revisar reducciones de impuestos.
El 29 de diciembre pasado, el Decreto 1112/2017 ponía en vigencia la reforma tributaria, que prometía un alivio en la presión tributaria equivalente a 1,5% del PBI (en 5 años) con la intención de promover inversiones y empleo.
A su vez, en diciembre de 2015 se eliminaban retenciones a las exportaciones (sólo reducción para soja), medida que implicó un costo fiscal de 0,7% del PBI.
El acuerdo con el Fondo destaca "mantenemos nuestro compromiso de reducir los impuestos distorsivos, pero podríamos extender el período de implementación de algunas de estas modificaciones si fuera necesario para alcanzar nuestras metas fiscales".
5- Paritarias: nuevas tensiones y conflictividad laboral.
En enero de este año, el Gobierno se planteaba un desafío ambicioso: cerrar paritarias al 15%, sin revisiones y sin cláusula gatillo. Lo cumplió a medias.
Hasta el momento, 23 de 29 paritarias homologadas firmaron un 15% de aumento, pero con cláusula de revisión hacia fin de año. Las paritarias se estarían abriendo en medio de una inflación que superará ampliamente los acuerdos alcanzados. Rápido adiós a la meta del 15%.
6- Transferencias discrecionales a provincias bajo la lupa.
Acuerdo FMI: "Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades (sin afectar programas de alivio de la pobreza)".
Se abre un interrogante acerca de qué tipo de transferencia se revisarán, ya que todas ellas suelen ser socialmente muy sensibles (programas de asistencia social, vivienda social, salud, educación, entre las más relevantes).
El nuevo escenario cambió abruptamente, exige nuevas sintonías y demandará extrema agudeza técnica y política.