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Federico Aguilar, de 56 años, considera que las pandillas "merecen una oportunidad" a pesar de que las extorsiones llevaron casi a la quiebra a su tienda de víveres, pero otros hondureños dudan de sus declaraciones de perdón y de que avanzarán hacia una tregua.
"Son jóvenes que tal vez merecen una oportunidad y creo que es necesario escucharlos; el daño que hicieron se puede remediar", afirma a la AFP el comerciante, sentado en un frágil escritorio en el segundo piso del edificio de tres niveles de su negocio, Mercadito Popular, en las cercanías del Estadio Nacional de Tegucigalpa.
El pasado martes, líderes de la Mara 18 (M-18) y Mara Salvatrucha (MS-13), se presentaron ante periodistas para pedir "perdón a la sociedad y a las autoridades".
"A puro tratamiento psicológico ya estoy recuperando el pelo porque se me había caído", afirma Aguilar, mientras se pasa la mano por la cabeza, después de mostrar los estantes vacíos de su comercio.
Aguilar cuenta que la primera vez una mujer lo llamó y le puso al teléfono a un hombre que le exigió cuatro millones de lempiras, unos 200.000 dólares, relató.
La mujer "me trajo fotos de mis hijos en diferentes lugares en un celular y tuve que negociar. Les pagué por un período de un año tres cuotas de 250.000 lempiras (12.500 dólares) cada una", afirmó Aguilar, cuya historia fue divulgada en medios locales bajo su propia identidad.
Dos meses después llegaron dos hombres en una motocicleta a cobrarle hasta 5.000 lempiras (250 dólares) en "impuesto de guerra" mensuales. Ya hastiado, el pasado 14 de mayo, cuando le pusieron la pistola en la cabeza, les dijo: "Mátenme, mátenme, por favor, ya no aguanto más. Se fueron y no han regresado", relata.
Pero Javier Maradiaga no tuvo la misma suerte con su mercadito en la colonia El Sitio, en el noreste de la ciudad. "Llegaron unos de la 18 y le dijeron: 'véndame un cigarro' y cuando dio la vuelta lo mataron de un tiro en la cabeza. Ya habían ido a cobrarle el impuesto de guerra y él no quiso", relata a la AFP la vecina Susana Hernández, de 44 años.
Susana es dueña de un mercadito que lleva su nombre en el llamado "Callejón de la muerte", una peatonal entre viviendas de concreto amuralladas con barrotes de hierro en puertas y ventanas. Le llaman así porque los miembros de la M-18 han matado a varias personas allí.
"Hasta no ver no creer, sería bueno pero nosotros estamos incrédulos, a mí me cobraban 300 lempiras (15 dólares) semanales los de la 18", afirma la mujer detrás de los barrotes de la ventana, aunque estima que la promesa "puede ser una esperanza para Honduras si ellos son sinceros".
"Pueda ser que sean sinceros, lo que pasa es que ellos ya tienen dinero, tienen taxis, buses, mercaditos, casas y quieren limpiarse", afirmó Santos Herrera, de 24 años, profesor de computación de una escuela de El Sitio.
Para Carlos Sauceda, quien esperaba llenar su bus de pasajeros de la ruta a La Sosa, sur de la ciudad, dice esperar "que dejen de cobrar el impuesto de guerra".
"Ya sería bastante pero yo lo dudo", afirmó. Mientras atiende clientes en un puesto de verduras en Campo Cielo, un barrio pobre al oeste de Tegucigalpa, Pablo López, de 76 años, afirma: "No les creo lo que dicen, aquí están aliados con policías para cobrar impuesto de guerra".
"De esos temas no conviene hablar porque lo matan a uno, ahí que vea el gobierno", dice en esa misma zona un taxista, que espera recostado en la pared de una casa a que le lavan su vehículo.
