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Veinte años han pasado desde que se aprobara, en una veraniega noche romana, el tratado que regula la existencia de la primera corte penal internacional permanente de la historia de la humanidad. Por ese motivo, fundamental para el derecho internacional de los dos últimos siglos, este 17 de julio celebramos el Día de la Justicia Penal Internacional.
Lo vivido en las últimas dos décadas es consecuencia de mucho trabajo y compromiso. Las 10 personas juzgadas, los 14 casos abiertos actualmente en 11 situaciones de conflicto, y los 10 exámenes preliminares analizados por la Fiscalía son prueba de la actividad de la Corte penal internacional (CPI). Con una evolución lenta, por momentos desligada y muchas veces interrumpida, el derecho penal internacional ha madurado como rama del derecho y ha logrado afianzar herramientas jurídicas que nos dan el alimento necesario para seguir creyendo que este tribunal puede, como lo establece el preámbulo del estatuto, proteger la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.
La elección de la fecha tiene poco de azarosa. Recordamos aquel 17 de julio de 1998 cuando se aprobó el Estatuto de Roma y asistíamos a la materialización de la idea de frenar la impunidad de los crímenes más graves que atentaron, y atentan, contra la comunidad internacional en su conjunto. Este proyecto había nacido a finales del siglo XIX pero, juzgado de 'avanzado' para la época, fue descartado (varias veces). Las primeras décadas del siglo XX serían nefastas, la Gran Guerra terminaría en el Tratado de Versalles y daría como resultado la Sociedad de Naciones, que sucumbió ante un nuevo conflicto armado de escala mundial.
Antes de que analizaran los combates de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de agosto de 1945, se armó el Acuerdo de Londres. Entre sus cláusulas se preveía la creación del Tribunal de Nüremberg, concebido para juzgar los crímenes cometidos por las Potencias del Eje. Esto significó un cambio de paradigma: los vencedores decidieron crear un órgano con jurisdicción para determinar responsabilidades penales en la comisión de atrocidades durante el conflicto y por primera vez una institución de este tipo llevaría adelante su tarea.
Las críticas recibidas por el Tribunal no han podido restarle su valor histórico. En particular, logró sistematizar y caracterizar como reprochables los delitos de guerra, contra la humanidad y contra la paz. Su influencia excedió lo jurídico: una vez terminado el juicio contra los mayores responsables de la Alemania Nazi, se identificaron los Principios de Nüremberg (siete principios del derecho penal internacional); se realizaron otros procesos penales (contra médicos, jueces, empresarios, etc.); y se lograron los acuerdos políticos para que dos tratados fueran aprobados en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) - la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio-.
Lamentablemente, esta fuerza motora fue mermada y frenada por la realidad geopolítica internacional que hizo imposible una convergencia para un tribunal penal permanente, aun cuando el germen hubiera prendido al interior de la ONU.
Luego de la caída del Muro de Berlín, las atrocidades cometidas durante la Guerra de los Balcanes y el genocidio ruandés tendrán una respuesta institucional: el Consejo de Seguridad de la ONU, a través del Capítulo 7 de su Carta, estableció dos tribunales que investigaron y juzgaron los hechos ocurridos.
En 1998, la Conferencia de Plenipotenciarios de Roma, luego de arduas negociaciones, concretizó la idea que nació a la postre de los juicios realizados en Nüremberg. Definitivamente, crear una corte permanente que tenga jurisdicción para juzgar conductas caracterizadas como crímenes de genocidio, contra la humanidad y de guerra. Asimismo, desde diciembre del año pasado, se incluyó en el estatuto el crimen de agresión (previamente llamado contra la paz). Contraria a toda predicción, la entrada en vigor del Estatuto de Roma no se hizo esperar mucho tiempo; en cuatro años, las 60 ratificaciones necesarias se habían completado y el 1 de julio de 2002 entró en vigor. La de la Argentina fue la vigesimosegunda, el 8 de febrero de 2001, y a través de la ley 26.200 los delitos de genocidio, lesa humanidad y de guerra quedaron tipificados en nuestro derecho interno.
Allí reside uno de los mayores éxitos del tratado, debido a que los Estados parte deben cumplir con la obligación asumida al momento de ratificar el Estatuto de Roma: adecuar su ordenamiento interno a la ley internacional.
La Corte Penal Internacional (foto del edificio en La Haya) está lejos de ser perfecta, y las críticas son siempre parte de cualquier análisis, como la tibia respuesta a las necesidades de las víctimas o la falsa acusación de ser un tribunal creado para juzgar únicamente ciudadanos africanos. En los primeros años, su trabajo estuvo signado por la falta de presupuesto, una ausencia de personal adecuado y la falta de apoyo diplomático.
No debemos olvidar que fue Trinidad y Tobago quien, en los finales de los años 80', reactivó la discusión sobre una corte penal permanente a fin de atender las necesidades de los estados que no tenían recursos para hacer frente a la criminalidad internacional. Esto no es menor, aun cuando algunos países como Rusia, Estados Unidos o China no hayan ratificado el estatuto, la CPI ha logrado acompañar procesos de justicia transicional en países con una débil capacidad institucional.
En esta fecha considero importante remarcar la extraordinaria conquista que significó tener un tribunal permanente que determine responsabilidad penal internacional. El desarrollo del derecho penal del futuro, como lo llamó Vespasian Pella hace más de un siglo, lleva inscrita la función de disuadir la repetición de atrocidades y evitar las masacres a través de procesos de justicia. En la actualidad, los conflictos armados tienen una complejidad que debe ser atendida desde distintos ámbitos, no solo desde la sanción penal; por esa razón, el impacto de la Corte será mayor en las próximas décadas y en ese camino se encontrarán las herramientas para que las cadenas de violencia se rompan definitivamente.