Washington. La ley estadounidense no puede ser más clara: cualquier ayuda militar o financiera a un país cuyo gobierno fue derrocado por el Ejército debe ser cancelada.
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Washington. La ley estadounidense no puede ser más clara: cualquier ayuda militar o financiera a un país cuyo gobierno fue derrocado por el Ejército debe ser cancelada.
Pero cuatro días después de la destitución de Mohamed Mursi de la Presidencia de Egipto, Washington seguía sin pronunciarse. Los malabares verbales de Barack Obama y otras autoridades estadounidense para evitar la expresión tabú “golpe de Estado” reflejan la voluntad de no debilitar a los generales egipcios, amenazándolos implícitamente en caso de que no organicen rápido elecciones libres.
“Ninguno de los fondos puede servir para financiar directamente una ayuda al gobierno de un país en el que el jefe de gobierno debidamente electo es depuesto por un golpe de Estado militar”, reza un artículo de la ley presupuestaria, que se aplica desde 1985.
Otra cláusula detalla que el país en cuestión debe “respaldar la transición hacia un gobierno civil”. Pero desde 2012, los secretarios de Estado Hillary Clinton y John Kerry levantaron esta condición para otorgar créditos en nombre de la seguridad nacional.
Sin embargo, algunas voces comienzan a elevarse contra la actitud de la Casa Blanca.
“Reflexioné mucho. Estimo que debemos suspender la ayuda al Ejército egipcio pues anuló el voto de los egipcios”, declaró el ex candidato presidencial republicano en 2008 e influyente Senador por Arizona, John McCain en una rueda de prensa en su estado. “No podemos repetir los errores del pasado apoyando la destitución de gobiernos libremente electos”, argumentó.
