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La semana pasada el periodista del diario La Nación, Carlos Pagni, afirmó que hubo una reunión entre el presidente Mauricio Macri y las autoridades de las áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad de la Nación. El tema en concreto fue la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad. Esto no es nuevo en la administración de Macri, pero Pagni aseguró que se debatiría al respecto. Con el discurso del presidente el 29 de mayo, se cumplió su anuncio.
Durante el año 2017 y lo que llevamos del 2018 se habló de que el gobierno estaría buscando un "nuevo rol" para las Fuerzas Armadas. Nunca se aclaró cuál sería, ya que no se ha publicado la visión estratégica del gobierno (¿la tiene?), ni un nuevo libro blanco de defensa, ni se ha esbozado política alguna en el área.
Sí se ha nombrado como nueva tarea para las Fuerzas Armadas el combate contra el terrorismo. Tampoco en este caso se explicita qué papel cumplirían el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en este asunto. No se ha argumentado por qué debería dejar de ser facultad exclusiva de las Fuerzas de Seguridad de la Nación (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria).
Las Fuerzas de Seguridad no parecen hallarse sobrepasadas por amenazas y ataques terroristas constantes. Ni siquiera hay claridad sobre las amenazas terroristas que justificarían afectar tropas, equipamiento y horas de trabajo. Si algo debe definir el gobierno es qué amenaza terrorista estaría azotando el país para sustentar un cambio de doctrina y de legislación.
Pagni afirmó que, para el macrismo, lo que justificaría este involucramiento es la ausencia de misión de las Fuerzas Armadas. Macri estaría pidiéndoles que "hagan algo" ya que, hasta el momento, no cumplirían ninguna misión relevante. Esta forma de pensar es entendible en personas ignorantes en temas geopolíticos, estratégicos, de política internacional e historia. Esperamos que los expertos en el área del gobierno tengan algo más para decir (no cuentan entre ellos ni Patricia Bullrich ni Oscar Aguad).
En cualquier caso, la idea que se postula desde el gobierno es que, derogando el decreto 727/06 del Néstor Kirchner, Macri podría hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna. A instancias de su ministra de defensa, Nilda Garré, Kirchner reglamentó la ley de Defensa Nacional que data de 1988. El decreto establece que las Fuerzas Armadas sólo actuarán en caso de agresión externa perpetrada por fuerzas armadas "de otro Estado". Esto va más allá de la previsión de la ley de Defensa Nacional, la cual se limita a afirmar que las Fuerzas Armadas actuarán en caso en que exista un "agresión de origen externo" (art. 2 de la ley de defensa nacional), sin mencionar el estatus del atacante.
El presidente Macri, en uso de sus potestades constitucionales, podría cambiar el decreto quitando la prohibición de actuar frente a un ataque externo "de otro Estado". Ciertos analistas han afirmado, de forma bastante apresurada, que con este acto las Fuerzas Armadas podrían participar en la lucha contra el terrorismo o en cuestiones de seguridad interna.
No es verdad por dos razones.
Primero, porque debería afirmarse que una acción terrorista en el país constituye una "agresión de origen externo". Esto podría ser así muy excepcionalmente. Por ejemplo, si el grupo terrorista es sostenido económica, militar o estratégicamente por un Estado o una organización internacional.
Sin embargo, no puede decirse que cualquier acción terrorista es, de por sí, un ataque externo. Lo más común es lo contrario, es decir, que los atentados terroristas sean acciones llevadas a cabo por grupos que surgieron en el interior del país, más allá de los vínculos o simpatías con otras organizaciones en otros puntos del planeta.
Los grupos terroristas cometen delitos, que pueden ser muy graves: homicidios, amenazas, secuestros, estragos, privaciones de la libertad, lavado de activos, o cualquier otro. Pero son delitos, no actos de guerra. Estos delitos deben ser investigados por el Poder Judicial y las Fuerzas de Seguridad Nacional. Son ellos los que tienen la preparación para hacerlo. Si no lo están haciendo bien, el Estado deberá invertir en capacitarlos, pero no superponer otra institución en un rol que no le es propio y que ya cumplen las primeras.
Pero además, el gobierno nacional debería reformar la ley de seguridad interior promulgada en enero de 1992. Esta ley establece que sólo puede afectarse a las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo de seguridad interior a pedido del Comité de Crisis. Su participación se limita a proveer de arsenales, intendencias, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, elementos de ingenieros y comunicaciones (art. 27). Es decir, los efectivos militares no participan directamente en las acciones: no pueden patrullar, detener personas o perseguirlas.
El art. 31 de la misma ley afirma que las Fuerzas Armadas solo se emplearán para el "restablecimiento de la seguridad interior" en "aquellos casos excepcionales" en que el sistema de seguridad resulte "insuficiente". Previo a su utilización, debe declararse el estado de sitio (art. 32). Si Macri acude a las Fuerzas Armadas estaría admitiendo que la crisis social es mucho mayor de lo que pensamos. Admitiría que la situación social y de seguridad es realmente "excepcional" como para declarar el estado de sitio.
Además del riesgo en cuanto a protección de derechos humanos, la participación en asuntos internos le haría un grave daño, en primer lugar, a las Fuerzas Armadas. Nuestras escasamente equipadas Fuerzas Armadas deben maximizar sus recursos limitados para prepararse para la defensa nacional del país. Argentina necesita de sus Fuerzas Armadas capacitadas, entrenadas y motivadas. Pero las necesita para la función para las que fueron creadas y no para tareas que no son las propias del instrumento militar. Cualquier intervención en cuestiones internas lo único que va a lograr es desprestigiarlas aún más, algo que no le hace bien a nadie. El desprestigio no se verá en el largo plazo, sino en el corto, como ha sucedido y sigue sucediendo en otros países de América Latina.