Apareció en los diarios la liberación de una maestra de Tupungato, a quien, por indicación de Google, fue acusada de manejar material pornográfico con menores. La investigación y pericia policiales demostraron que la acusación de Google era falsa. ¿Quién resarce a esa víctimas -y a muchas otras- del daño moral, económico y de su buen nombre y prestigio?
Hace semanas fue noticia la liberación de un ciudadano acusado falsamente de graves delitos en contra de sus hijos. La liberación fue propiciada por la declaración de estos hijos que se retractaron de sus acusaciones formuladas en su minoridad por instigación de su madre.
No hace mucho, Anmat prohibió la venta de unos alimentos de la firma Marolio aduciendo que en ellos se encontraban gusanos. Posteriormente Anmat se retractó y expuso que los supuestos animalillos en realidad eran germinaciones innocuas en tales alimentos.
Después apareció en los diarios la liberación de una maestra de Tupungato, a quien, por indicación de Google, fue acusada de manejar material pornográfico con menores. La investigación y pericia policiales demostraron que la acusación de Google era falsa.
¿Quién resarce a estas víctimas del daño moral, económico y de su buen nombre y prestigio? ¿Un sector de la justicia, léase fiscales y jueces envenenados por ideologías extremistas, técnicos informáticos de grandes corporaciones y entidades especializadas están gravemente proclives a errores garrafales en contra de ciudadanos y empresas? Los hechos parecen demostrar que es así.
Es tiempo que los legisladores nacionales se dediquen a dictar leyes para frenar tales desaguisados, en lugar de perder el tiempo en nombrar “comisiones investigadoras” que quieren suplantar la labor de la Justicia, solo motivadas por picardías oportunistas y pergeñadas por políticos que solo buscan perpetuarse en los cargos.
¿Seguiremos manteniendo a esos políticos inútiles y a su nube de “asesores”, tan ineficientes como ellos?
* Carlos Pérez Salinas. DNI: 18.905.369.