El nivel superior no universitario es el más joven del sistema educativo de nuestra provincia. Esa juventud se asocia tanto a fortalezas -su dinamismo y territorialidad- como a debilidades -falta de institucionalidad y normativas adecuadas-.
A partir de ahora, los docentes de Educación Superior que trabajen en institutos de Mendoza deberán rendir una evaluación para conservar su titularidad.
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El nivel superior no universitario es el más joven del sistema educativo de nuestra provincia. Esa juventud se asocia tanto a fortalezas -su dinamismo y territorialidad- como a debilidades -falta de institucionalidad y normativas adecuadas-.
Ejemplos de esta falta de institucionalidad son, por un lado, una asignación desordenada de recursos a las instituciones, lo que devino en titularizaciones de horas no dedicadas al dictado de clases. Por otro, el alto grado de judicialización de los conflictos, así como el uso de la estructura institucional para fines propios por parte de algunos partidos políticos (la difusión intencionada de información errónea sobre la propuesta de reforma lo demuestra).
El primer decreto que regula el sistema data de 1999. Dado que después se promulgaron varias leyes (algunas contradictorias con él), se hace necesario reformularlo, ya que un decreto no puede contradecir una Ley.
El Gobierno quiere explicitar algunas modificaciones que considera necesarias. Primero: en la actualidad los docentes acceden a cargos y horas mediante listas internas de las instituciones aunque la ley establece que deben hacerlo por concurso (es decir, por oposición y antecedentes). Resulta injusto que lo que se exige a otros niveles del sistema no se exija a quienes forman a los futuros docentes y técnicos.
Segundo: hoy se financia a las instituciones de gestión privada de forma arbitraria. Así se hizo durante las últimas administraciones justicialistas, que multiplicaron, sin criterios explícitos, los subsidios hacia este sector del sistema. Este Gobierno considera que debe existir una financiación transparente y en acuerdo con las necesidades sociales, a fin de que no exista superposición de oferta entre la gestión estatal y privada o subsidios a carreras con escasas posibilidades de inserción laboral. Esta estrategia es, también, una manera de cuidar el bolsillo de los mendocinos, que son los aportantes y sostenedores del sistema.
Tercero: nos encontramos con una marcada dispersión en la oferta educativa. Este Gobierno considera que Mendoza necesita instituciones especializadas en áreas del conocimiento (como actividades físicas o salud) o del trabajo (como tecnicaturas superiores o docentes).
Cuarto: en el nivel superior no existen los controles jurisdiccionales que sí vemos en el resto del sistema, incluida la Universidad. El Gobierno cree que debemos contar con evaluaciones, monitoreos y controles que aseguren el derecho de los estudiantes a educarse con calidad.
Los Institutos de Educación Superior (IES) cuentan con un gran potencial que puede canalizarse con mayor fluidez si se generan reglas de juego claras. Este proceso puede llevar varios años, pero ya se ha iniciado. Por esa razón, lejos de pensar en el cierre de instituciones, consideramos que hay que fortalecerlas para que, además del dictado de carreras, generen conocimiento nuevo basado en investigación educativa, provean formación continua a docentes y técnicos del sistema y den apoyo a las escuelas que lo necesiten.
La importancia de los IES puede sintetizarse en dos cifras: en ellos se forma el 85% de los docentes y el 90% de los enfermeros. El Gobierno de Alfredo Cornejo está comprometido con la mejora de la formación de quienes construyen el derecho a la educación y a la salud de los mendocinos.