Un fallo revocatorio que pone orden y justicia

El uso de recursos del Estado, con la complicidad de la política, para lograr beneficios económicos sin ningún tipo de riesgo empresario es una de las nefastas modalidades de corrupción que llevaron a nuestro país a la penosa situación que debe afrontar. Bien entonces por la Corte Suprema al condenar esas deplorables actitudes.

Un fallo revocatorio que pone orden y justicia

A través de un fallo de alto impacto político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las absoluciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en el caso de Oil Combustibles.

Por lo tanto, vuelve a consideración de la justicia un grave delito: defraudación al Estado.

Vale recordar que Oil Combustibles, petrolera que perteneció a López y De Sousa, valiéndose de su rol como agente de retención de la AFIP se quedaba con la recaudación de impuestos que cobraba. Es decir, retenía montos importantes que luego no le entregaba al Estado, como correspondía.

Al dejar sin efecto las mencionadas absoluciones, dispuestas a fines de 2021, promediando el gobierno de Alberto Fernández, la Corte Suprema nacional ordenó que otra sala de la Cámara de Casación dicte un nuevo fallo. Como bien han advertido analistas judiciales, el máximo tribunal del país no resolvió sobre el fondo de la cuestión, pero con su determinación expresó unánimemente no encontrarse de acuerdo con las absoluciones dispuestas en su momento.

Como suele ocurrir con las causas por corrupción en la función pública o, como en este caso, por parte de personajes vinculados a los funcionarios de turno, se trató de una investigación penal que duró casi seis años hasta que se dispusiera la absolución ahora anulada.

La suma retenida en su momento ascendía a más de 8 mil millones de pesos, equivalentes a 1.000 millones de dólares, aproximadamente. Con ese dinero mal habido, los mencionados empresarios lograron ampliar considerablemente su holding de firmas que tuvieron a cargo.

Estas acciones ilegales de los mencionados empresarios se materializaron, principalmente, por el vínculo estrecho que ambos mantuvieron durante años con los gobiernos kirchneristas. Una prueba fue la condena que sufrió el ex hombre fuerte de la AFIP en aquel tiempo, Ricardo Echegaray, justamente quien permitió que los recursos que correspondían al Estado quedaran para beneficio de López y De Sousa. Una vergonzosa actitud por parte de un funcionario a cargo de un organismo que se ha caracterizado por ser fuertemente exigente con los contribuyentes en general.

Debe recordarse que luego de que el tema de Oil Combustibles estallara públicamente, a partir de una impecable investigación periodística, el titular de la AFIP durante la presidencia de Mauricio Macri, Alberto Abad, hizo la denuncia pertinente contra los empresarios responsables de tales ilícitos, dando paso al proceso judicial en cuestión.

Por otra parte, debe ser resaltada esta decisión del máximo tribunal de justicia del país, que con su fallo revocatorio avaló la tarea de una importante cantidad de fiscales y jueces, tanto en el fuero penal como en el comercial, que promovieron el juzgamiento de López y De Sousa por estar convencidos de que nunca existió inocencia en el proceder de ambos, como sí lo impuso la argumentación que llevó a la absolución que ahora quedó sin efecto.

Y también la Corte impone una mirada complaciente hacia una mayoría de empresarios argentinos que siempre actúan al amparo de la ley para realizar sus negocios con buena fe.

El uso de recursos del Estado, con la complicidad de la política, para lograr beneficios económicos sin ningún tipo de riesgo empresario es una de las nefastas modalidades de corrupción que llevaron a nuestro país a la penosa situación que debe afrontar.

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