En el comienzo del año el gobierno nacional sorprendió con una nueva reforma: la de los Servicios de Inteligencia del Estado.
Hay que tener mucho cuidado si se hacen cambios en los Servicios de Inteligencia del Estado, porque en general los gobiernos los han llegado a utilizar para efectuar ilegales observaciones de la vida pública y privada de opositores o personajes a los que se pretende neutralizar por distintos intereses.
SIDE.
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En el comienzo del año el gobierno nacional sorprendió con una nueva reforma: la de los Servicios de Inteligencia del Estado.
El ambicioso cambio de rumbo, que modifica la ley nacional de inteligencia para darle más poder a la muy conocida SIDE, se llevará a cabo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), seguramente aprovechando el receso legislativo, que se extiende hasta fines de febrero.
De todos modos, encontrándose a su vez el Congreso en sesiones extraordinarias bien podría haberse incluido el Gobierno este tema para su correspondiente debate. De algún modo las críticas de la oposición adquieren razonabilidad.
Debe recordarse que la problemática de la inteligencia venía siendo analizada por el Ejecutivo Nacional desde el comienzo de su gestión. A 7 meses de haber asumido, el presidente Milei dictó un DNU que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y regeneró el organismo otorgándole su nombre tradicional: Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
Ahora, los cambios a implementar aparentemente reducen la estructura y autorizan la aprehensión de personas sorprendidas in fraganti, entre otros aspectos que contempla la ya polémica iniciativa.
Especialistas habitualmente han remarcado que la SIDE debe tener una función de suma importancia en la vida pública de la Argentina y, por lo tanto, en la política, a partir de la necesidad de combatir por vías legales todo lo que pueda atentar contra la población civil y las autoridades del Estado. Entre sus funciones, los servicios de inteligencia tienen la obligación de advertir a los gobernantes de turno sobre posibles amenazas para la vida de los habitantes. Así está previsto en la ley.
Sin embargo, en general los gobiernos los han llegado a utilizar para efectuar ilegales observaciones de la vida pública y privada de opositores o personajes a los que se pretende neutralizar por distintos intereses. No hubo distingos: ocurrió durante las dictaduras y también en democracia. Dicho por expertos en el tema, un rol decisivo en la vida pública del país.
Esos malos procederes no hicieron otra cosa que transformar en algo cotidiano la violación de la ley y del derecho, porque siempre la legislación vigente les prohibió a los agentes de los servicios de inteligencia entrometerse en la vida política interna.
Por otra parte, trascendidos que circulan después de haberse oficializado la noticia de la ambiciosa reforma, dan cuenta de la posibilidad de una nueva pulseada interna en el Gobierno detrás de los cambios a implementarse. De confirmarse, esta situación no haría otra cosa que mantener las dudas históricas sobre la politización del área de inteligencia del Estado.
En definitiva, sería valorable una reforma que optimice y legalice las vías de inteligencia y no habría que descartar para ello un debate legislativo que transparente posiciones.