El Ejecutivo nacional se prepara para encarar, tras la renovación legislativa surgida de las últimas elecciones, distintos proyectos con los que pretende consolidar la impronta reformista con que llegó al poder hacer dos años.
En el paquete de iniciativas aparece como prioritario el tratamiento del presupuesto nacional para el próximo año. Un gesto de sensatez política del actual gobierno, que por primera vez toma con seriedad la ley fundamental para la administración del Estado que debe regir anualmente.
El Ejecutivo nacional se prepara para encarar, tras la renovación legislativa surgida de las últimas elecciones, distintos proyectos con los que pretende consolidar la impronta reformista con que llegó al poder hacer dos años.
En el paquete de iniciativas aparece como prioritario el tratamiento del presupuesto nacional para el próximo año. Un gesto de sensatez política del actual gobierno, que por primera vez toma con seriedad la ley fundamental para la administración del Estado que debe regir anualmente.
Debe recordarse que hasta ahora el gobierno de Javier Milei se manejó con prórrogas del presupuesto nacional heredado de la última administración kirchnerista. En el caso de 2024, primer año del actual gobierno, la medida pudo considerarse sensata en virtud del escaso tiempo que existió en la transición de entonces para que el nuevo gobierno encarara una pauta a su medida. Le fue suficiente al Poder Ejecutivo aplicar la austeridad prometida en el manejo de las cuentas públicas y apuntar al logro del déficit cero que tanto pregonó y tomó como bandera Milei desde su campaña hacia la presidencia de la Nación.
En el actual 2025 tampoco hubo presupuesto presentado por el Gobierno. En este caso la decisión oficial apareció como más criticable por el tiempo transcurrido y porque un año de gestión a cuestas aparecía como suficiente para presupuestar a partir del orden impuesto en los números. Sin embargo, el gobierno nacional prefirió no afrontar las duras negociaciones que, aún en minoría, debería encarar en el Poder Legislativo para sortear a la oposición más dura, por un lado, y satisfacer los pedidos de quienes sí estaban dispuestos a llegar a acuerdos para aprobar la ley.
Lo ideal desde el punto de vista práctico, y con una mirada más sana en lo republicano, sería que el Gobierno y la nueva oposición representada en el Congreso lleguen a un acuerdo tanto para el tratamiento como para la aprobación del Presupuesto, aun incluyendo los eventuales cambios que puedan surgir y consensuarse en base al punto de vista encontrado entre las distintas miradas políticas representadas en las bancas.
Era evidente que la anterior relación de fuerzas entre el oficialismo y los demás sectores políticos no era la más adecuada para avanzar en una pauta de recursos y gastos de gran importancia como la que será tratada en estos días. Ahora, con nuevos números en el cotejo de fuerzas partidarias, se deberá esperar el mayor esfuerzo de las partes para que esa ley tan importante tenga el marco de entendimiento indispensable para su posterior aplicación.
Y sería muy bueno para la calidad democrática que requerimos los argentinos que en los debates que se aproximan no se repitan las barbaridades observadas y escuchadas en la reciente asunción de los nuevos legisladores, que criticamos desde este espacio, por la degradación institucional que generan.