La reciente decisión del gobierno nacional de cambiar el destino de créditos internacionales insinúa una lógica inquietud de las autoridades por la situación social de gran parte de la población.
Si bien es loable y necesario dedicar más recursos a las políticas sociales, es de esperar que las obras de infraestructura a postergar, que también necesita la gente, puedan ser financiadas en no mucho tiempo más.
La reciente decisión del gobierno nacional de cambiar el destino de créditos internacionales insinúa una lógica inquietud de las autoridades por la situación social de gran parte de la población.
Según la información difundida, las autoridades le pidieron al Banco Mundial, que dio su consentimiento, cancelar nueve proyectos para el financiamiento de obras por un máximo de 1.700 millones de dólares para destinar ese monto a programas de empleo, educación y asistencia social. También se argumentó oficialmente que tal decisión obedece a la reestructuración del área de Economía que lleva a cabo el gobierno nacional, para alinearla a “las prioridades estratégicas” que tiene la Argentina en estos momentos según la visión oficial.
A pesar de la lógica intención de priorizar la indudable crisis social que vive el país, no deja de ser inquietante la decisión, puesto que quedan postergadas mejoras en servicios públicos que son de gran utilidad, como los trenes del conurbano bonaerense, además del financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas y programas de agua y saneamiento, entre otros destinos que quedarán en suspenso ante la decisión oficial.
Justamente, muchas pymes de la Argentina han transitado con esfuerzo el primer año de ajuste de la gestión nacional libertaria y siguen con expectativas el derrotero de la economía en este 2025 para poder subsistir. Y dicho sector empresario es indudable motor de muchas aristas de la economía de nuestro país.
Por otra parte, hay que destacar que esta reasignación de recursos provenientes del crédito internacional que el país mantiene con el Banco Mundial va en línea con la firme postura gubernamental de considerar a la obra pública como innecesaria por parte del Estado, por aquello de que éste no debe adjudicarse en rol de empresario, correspondiéndole, por lo tanto, al sector privado dicha misión por una cuestión de eficiencia.
Esta última es, a no dudarlo, una mirada controversial del concepto de obra pública regida por el sector público, puesto que hasta resulta razonable que el privado, más en un contexto económico aún problemático, priorice proyectos que le garanticen rentabilidad.
Expertos en el tema han sostenido con argumentos que la obra pública, generalmente concesionada a empresas de construcción privadas, motoriza la actividad económica. Porque además de generar empleo para su materialización sirve de estímulo para otras industrias en el plano de la manufactura y abastecimiento de los requerimientos para los trabajos encarados.
De todos modos, sí hay que reconocer que el actual gobierno nacional ha recibido de la administración anterior, que vino a completar dos décadas de predominio kirchnerista en la conducción del Estado, un país en grave crisis, con una delicadísima situación social que ha llevado los niveles de pobreza a límites nunca vistos. Y esa ineficiencia se trasladó a prácticamente todos los ámbitos de la actividad pública, incluyendo las obras a cargo del Estado. Ejemplos en nuestra provincia sobran.
Por ello, en su drástica reestructuración de las áreas de gobierno, el presidente Milei adujo siempre que el único ministerio que tendría facultades para gastos extras sería, y es, el de Capital Humano, que muy probablemente reciba de Economía los recursos a reasignar provenientes del crédito internacional a partir de la decisión tomada con el crédito del Banco Mundial.
Es de esperar que las obras de infraestructura a postergar, que también necesita la gente, puedan ser financiadas en no mucho tiempo más.