Inducir a la caída de un gobierno mediante el pretendido descrédito o el llamado a la rebelión -como han expresado por estos días varios legisladores peronistas- constituyen acciones que merecen ser rechazadas desde lo democrático y que hasta pueden llegar a rozar lo delictivo.
La senadora justicialista de Tucumán, Sandra Mendoza, vaticinó que el gobierno de Milei no terminará su mandato. Declaraciones claramente destituyentes.
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La Gaceta La cercanía de elecciones no sólo intensifica tensiones partidarias; también parece dejar al descubierto actitudes miserables, propias de quienes parecen entender a la política sólo como un motivo de confrontación entre enemigos. Lo más alejado posible del lógico disenso entre posiciones partidarias.
En ese marco, recientemente desde este mismo espacio de opinión señalamos que asomaba en la escena preelectoral la violencia política, el efecto más nefasto al que pueden llegar los responsables de la vida institucional del país o de una determinada región. Y a eso le debemos sumar la descalificación.
Superadas las trascendentes elecciones en la provincia de Buenos Aires y ahora en camino hacia las legislativas nacionales de fines de octubre, los bandos en pugna parecen no querer ahorrar en actitudes intimidantes y también descalificadoras de sus oponentes. Dichos y hechos así lo demuestran.
Una senadora nacional que representa al justicialismo, Sandra Mendoza, de la provincia de Tucumán, se atrevió a vaticinar una crisis institucional ante lo que considera una segura declinación del actual gobierno nacional. Sostuvo que no cree “que este gobierno llegue al 26 de octubre. Tengo muchas dudas porque ya no da para más y ya le han soltado la mano todos…”.
Seguramente la legisladora peronista apuesta a que la amplia derrota sufrida por el oficialismo nacional en las legislativas bonaerenses genere en sólo 45 días un deterioro económico y social que haga imposible la continuidad de las actuales autoridades constitucionales.
Pero no fue la única voz tremendista. El presidente de su bloque en el Congreso, el formoseño José Mayans, también arriesgó un futuro incierto para el gobierno nacional luego de las elecciones bonaerenses al decir que “el Gobierno está totalmente terminado”. Y lo mismo hizo el gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela.
Todos ellos se aferran a una postura penosa, porque lo que corresponde dentro de un régimen democrático con sistema de gobierno presidencialista, como el de nuestro país, es que las autoridades elegidas por la voluntad popular cumplan con el período de gestión que les corresponde según la Constitución. La continuidad o no de un determinado sector partidario lo debe disponer el voto popular.
Obviamente, el régimen democrático que nos rige contempla los pasos a seguir en lo institucional en casos de renuncias o acefalías por distintos motivos. Pero a esa instancia se debe llegar por voluntad de quien tiene a su cargo el ejercicio de la función pública. Inducir a la caída de un gobierno mediante el pretendido descrédito o el llamado a la rebelión constituyen acciones que merecen ser rechazadas desde lo democrático y que hasta pueden llegar a rozar lo delictivo.
Por otra parte, también debería ser responsabilidad de la dirigencia, en general, tender a proteger el pleno funcionamiento de las instituciones. La interrupción producida a fines de 2001 constituyó una salida constitucional, sí, pero generando una dolorosa herida al sistema.
Es de esperar que las actitudes perversas de tantos dirigentes que con sus procederes defraudan la voluntad popular no nos mantengan en una alternancia política que obligue a la gente a optar por el menos malo.
