Es satisfactorio que en las actuales circunstancias de la vida institucional de nuestro país la necesidad de revisar y ajustar el costo de la política haya sido tenido en cuenta por una mayoría de jefes departamentales de Mendoza.
El gobernador Alfredo Cornejo con intendentes de Mendoza.
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Es indudable que la política de achique del gasto público implementada por el gobierno nacional tuvo repercusiones en muchas administraciones provinciales y municipales. Eso queda demostrado en una reciente publicación de Los Andes, en donde se indica con muchos detalles cómo la mayoría de los intendentes mendocinos dispuso reducir la cantidad de funcionarios políticos a su cargo. Se consigna que la mayoría de los 18 departamentos tiene menos de 100 funcionarios.
Justamente, el cumplimiento de la reestructuración del Estado prometida por Javier Milei y sus colaboradores transformó en prácticamente inevitable la adopción de medidas similares en las jurisdicciones territoriales de esta y otras provincias. El reacomodamiento macroeconómico trasladó la exigencia de un mayor equilibrio a todos los niveles de la administración pública.
Como corresponde, se hace una salvedad: la reducción pasa a ser proporcional a la densidad poblacional, como también a la extensión territorial y a la cantidad de servicios que presta cada órgano municipal. En el caso de Mendoza, hay municipios principalmente urbanos en los que la atención prioritaria pasa por el alumbrado, barrido y limpieza más la siempre necesaria prestación complementaria con la policía en seguridad. Pero también hay comunas, la mayoría, que cuentan con superficies muy extensas que convierten a la autoridad municipal en receptora de inquietudes y problemas que sobrepasan su propia jurisdicción por ser de competencia provincial o nacional.
En cuanto a los sueldos de los funcionarios, comenzando por cada intendente, quedan supeditados a la realidad que observa cada administración en cuanto a densidad poblacional y capacidad tributaria de las respectivas comunidades. Con esos límites, por lo tanto, se deberían efectuar los acomodamientos de cargos políticos de los que nos ocupamos en este artículo.
En la conceptual debe tenerse en cuenta que el ámbito municipal marca, en la mayoría de los casos, el comienzo del sendero político de quienes se interesan por representar la voluntad ciudadana, muy especialmente desde una banca de concejal. Ese atributo, sin embargo, en muchas oportunidades se ha distorsionado, transformándose en un recurso para que muchos militantes partidarios hagan del cargo político un medio de vida duradero y no siempre eficaz para la gente. La limitación en la reelección de ediles dispuesta en los últimos meses por varias municipalidades de Mendoza también sirvió como aporte a esa mejor calidad que se necesita en el rol del dirigente.
Por lo tanto, es satisfactorio que en las actuales circunstancias de la vida institucional de nuestro país la necesidad de revisar y ajustar el costo de la política haya sido tenido en cuenta por una mayoría de jefes departamentales de Mendoza.
Queda en claro que el ahorro que se pueda observar en las cuentas municipales al cabo de un ejercicio anual por la reducción de cargos políticos seguramente no se reflejará fácilmente en obras u otros servicios, porque los montos ahorrados en funcionarios es muy probable que no alcancen para cubrir prioridades de la gestión. Pero sí se tratará de un número que ayude a hacer más eficiente el funcionamiento del órgano municipal en lo administrativo.
Este paso dado en gran parte de los municipios se acopla a una exigencia similar que viene aplicando el Poder Ejecutivo provincial, siempre en un marco de respeto a las medidas de austeridad que el país reclama.