El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación se encuentra inmerso en una situación crítica, que persiste desde la sanción de la ley 27.614, de 2021, la cual establece su esquema de financiamiento con recursos públicos.
Desde el ámbito nacional, la información sobre las políticas por aplicar en el sistema científico no tiene la precisión requerida, dada la magnitud de la crisis. Las versiones sobre las medidas por adoptar fueron en algunas ocasiones confusas; y en otras, sesgadas por preconceptos ideológicos. Cuando la gestión de una política ordenada del sistema científico público es vital en una sociedad moderna y democrática.
Se descarta en estos tiempos la significación que tiene para un país tener un desarrollado sistema científico. Por eso valoramos la acción realizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo, que organizó una muestra interactiva de ciencias por la que pasaron 1.500 estudiantes del ciclo secundario.
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El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación se encuentra inmerso en una situación crítica, que persiste desde la sanción de la ley 27.614, de 2021, la cual establece su esquema de financiamiento con recursos públicos.
Esa norma fijó un nivel de participación del área en la distribución de fondos del Presupuesto nacional que debería ajustarse progresivamente, hasta alcanzar en 2032 un piso constante del 1% del producto interno bruto de nuestro país.
El grave desequilibrio macroeconómico padecido desde la sanción de esa ley transformó la escala progresiva de financiamiento en un parámetro aspiracional, cuya incidencia real debería ser ponderada con arreglo al ajuste inflacionario registrado, tanto en lo relativo al financiamiento de sus programas de investigación como en lo atinente a la inversión en capital humano.
Sólo como muestra de la dificultad que esta ponderación ofrece, cabe recordar que el Estado nacional funciona con las estimaciones presupuestarias de 2023, prorrogadas hasta el presente año y adecuadas de manera discrecional al efecto deletéreo que implica la devaluación de la moneda.
Al amparo del esquema de financiamiento originario del sistema, la nómina de investigadores, becarios y personal auxiliar del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se amplió de manera sustancial.
Muchos investigadores están advirtiendo un deterioro grave del sistema, el cual se encuentra en emergencia por el desfinanciamiento progresivo; la suspensión del envío de fondos para investigación y desarrollo; la disminución de becas disponibles; el congelamiento de vacantes para nuevos ingresos, y una depreciación salarial que calculan en un 36% desde noviembre de 2023. A la fecha más de 1.500 investigadores abandonaron el Conicet en todo el país.
Desde el ámbito nacional, la información sobre las políticas por aplicar en el sistema científico no tiene la precisión requerida, dada la magnitud de la crisis. Las versiones sobre las medidas por adoptar fueron en algunas ocasiones confusas; y en otras, sesgadas por preconceptos ideológicos.
Las vocerías políticas del Ejecutivo nacional señalaron con acritud que organismos como el Conicet crecieron de manera irresponsable al amparo del financiamiento público, sin rigor en la asignación de recursos y favoreciendo esquemas clientelares.
Si esos desvíos son confirmados, la actitud esperable de los gestores públicos es corregirlos, sin desestructurar un sistema cuyo funcionamiento es necesario para el desarrollo de la sociedad.
Es probable que el sistema de ciencia y tecnología de la Argentina posea parte de las fallas que se señala desde el gobierno nacional, pero existe en la gestión actual una actitud ideologizada donde se supone que tanto en las universidades públicas como en los institutos científicos se adoctrina más que educar o investigar. Lo cual, sea más o menos discutible, lo que no puede hacer el Estado a través de sus representantes actuales es desfinanciar estas instituciones públicas, que es lo que en verdad está ocurriendo. La ideología no tiene nada que ver con el presupuesto, por lo que esa correlación suena más a una excusa para quitarle fondos al sistema educativo, científico y tecnológico que a la propuesta de algún tipo de reforma.