La detección y confirmación de irregularidades en el manejo de los entes viales nacionales durante muchos años, delitos que deben ser blanqueados y llevados a la Justicia según corresponda, no tiene que conducir al extremo opuesto del abandono de la obra pública. Debe haber un equilibrio.
Baches sobre la ruta entre Bariloche y El Bolsón
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Gentileza Diario de Río Negro El debate sobre la viabilidad y necesidad de la obra pública se instaló en el país a raíz de la mirada crítica al manejo previo del sector por parte del actual gobierno. Esto derivó en un cese de trabajos en el marco del ajuste de gastos dispuesto y la desarticulación de la Dirección Nacional de Vialidad, ahora a consideración de la Justicia a raíz de acciones gremiales interpuestas para la evaluación de la constitucionalidad de la medida tomada por el Ejecutivo Nacional.
Mientras tanto, distintos sectores interesados en el mantenimiento de los caminos que están bajo la órbita de la Nación insisten con la necesidad de definiciones por parte del Gobierno. El mayor reclamo proviene de la producción.
En los últimos días, gobernadores provinciales, legisladores que representan a parte de la oposición y cámaras empresariales denunciaron que el estado de deterioro de muchas rutas en el país empeoró en forma notable durante lo que va del año.
Sectores vinculados a la ganadería y la agricultura destacan que el descuido de las rutas nacionales genera riesgo de accidentes, obligando a transportistas y a conductores particulares a una mayor atención en virtud de roturas que se producen en el pavimento y que no son salvadas con la debida celeridad, como también por el deterioro de señalización y demarcación sobre la calzada de los caminos, entre otros inconvenientes.
Según la información difundida a través de los medios, Vialidad Nacional relevó en 2024 que uno de cada dos kilómetros de rutas bajo su jurisdicción no se encontraba en buen estado. Sin embargo, esa proporción se elevó considerablemente de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la entidad empresarial que nuclea a transportistas de cargas, llegando al 70% de caminos afectados por la falta de obras.
Ante tal situación, y a la espera de una definición judicial sobre el alcance de las políticas del gobierno, corresponde que el Estado nacional continúe con su función de mantenimiento y mejora de los caminos a su cargo, asegurando el tránsito de cargas y de particulares a lo largo y ancho de nuestro país. Debe recordarse que la Argentina tiene 40.000 kilómetros de caminos bajo el control de la Nación, incluyendo tramos no pavimentados.
El interés sobre el tema por parte de gobernadores provinciales también tiene relevancia, puesto que los sectores de la economía que se ven afectados requieren de ese apoyo político para dotar a los pedidos del marco institucional correspondiente.
Pero no todas las jurisdicciones están en condiciones de hacerse cargo temporariamente de los trabajos que le competen a la Nación. En el caso de Mendoza hay una buena excepción: el gobierno provincial dispuso encarar trabajos en rutas nacionales de acceso a la capital en base al uso temporario de recursos del denominado Fondo del Resarcimiento.
La detección y confirmación de irregularidades en el manejo de los entes viales nacionales durante muchos años, delitos que deben ser blanqueados y llevados a la Justicia según corresponda, no tiene que conducir al extremo opuesto del abandono de la obra pública. Debe haber un equilibrio.
