El gobierno nacional viene comprobando en los últimos meses lo mucho que requiere del apoyo legislativo para movilizar iniciativas que, por distintas razones políticas, fueron quedando rezagadas este año.
Las autoridades de turno deben considerar que gran parte de la reticencia ciudadana al blanqueo de recursos en moneda extranjera obedece, mayormente, a terribles falencias y atropellos tradicionalmente ocurridos en materia económica en la Argentina. Responsabilidad de la dirigencia, obviamente.
El gobierno nacional viene comprobando en los últimos meses lo mucho que requiere del apoyo legislativo para movilizar iniciativas que, por distintas razones políticas, fueron quedando rezagadas este año.
Ya nos referimos en este espacio al traspié que sufrió el sector libertario durante el abordaje de la polémica legislación sobre tierras para inversionistas extranjeros, fundamentalmente. Ahora, el oficialismo tuvo que resignar nuevamente una parte de un proyecto de ley para poder avanzar con su tratamiento legislativo, esta vez en la Cámara de Diputados.
Se trata de la iniciativa conocida como de inocencia fiscal. Hay apuro, ya que la intención del Gobierno es que el proyecto sea debatido antes de la finalización de este mes.
Como se sabe, se trata de un marco legal aplicado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que cambia el enfoque del control tributario para presumir que el contribuyente cumple con sus aportes. Se evita así la acción penal automática por diferencias patrimoniales menores.
Sin embargo, uno de los objetivos prioritarios es alentar a la gente a que blanquee sus ahorros no declarados en dólares (los denominados “del colchón”), estimados en 170 mil millones por las propias autoridades.
Analistas han considerado que la finalmente acordada eliminación del umbral de ingresos y patrimonios resultaba necesaria como prácticamente la única forma para tentar el ingreso de contribuyentes al régimen, que antes estaban imposibilitados de ingresar.
Además, por presión de los bloques aliados, y para lograr dictamen, el espacio libertario debió aceptar la exclusión del contenido de la pretendida ley a los funcionarios y exfuncionarios del régimen simplificado de ganancias. Y también se incorporó una reducción de las multas para pequeñas y medianas empresas.
Más allá de estas reconsideraciones, las autoridades de turno deben considerar que gran parte de la reticencia ciudadana al blanqueo de recursos en moneda extranjera obedece, mayormente, a terribles falencias y atropellos tradicionalmente ocurridos en materia económica en la Argentina. Responsabilidad de la dirigencia, obviamente.
Es así como los antecedentes de confiscaciones de depósitos, devaluaciones impensadas y cambios repentinos de normativas en materia fiscal, entre otros asuntos, han repercutido colectivamente en los ahorristas argentinos y en muchísima gente no del todo bancarizada que lo poco que pudo guardar durante años de esfuerzo prefirió tenerlo en dólares en su propia casa.
Esto lleva a reflexionar una vez más sobre la necesidad de que la dirigencia anotada en los distintos niveles y poderes vinculados con la conducción del país demuestre de una buena vez su capacidad y honestidad para dicha misión. Una probidad que parece ajena a los manuales de formación política.
