Además de la enfática y correcta reivindicación de la causa de Malvinas, el discurso reciente del presidente Javier Milei ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó una enérgica crítica hacia la función de ésta en los últimos tiempos.
Dichos conceptos incluyeron la objeción al papel de la ONU en el conflicto soberano que recientemente se encargó de potenciar el gobierno argentino. “Decidió mirar para otro lado…” sostuvo Milei, sin reparar en que ha habido varias instancias en las que el organismo tuvo participación en el conflicto a través de sugerencias y disposiciones.
En ese sentido, vale recordar que la Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976, ratificó resoluciones anteriores similares, pidió un aceleramiento de las negociaciones bilaterales y expresó reconocimiento por los esfuerzos de la Argentina para solucionar la cuestión Malvinas por la vía pacífica, “facilitando el proceso de descolonización y promoviendo el bienestar de la población de las islas”. Y pidió por primera vez no adoptar decisiones unilaterales mientras el proceso recomendado por la Asamblea General de la ONU y las negociaciones se mantuvieran en progreso.
Por otra parte, no puede olvidarse el gran logro diplomático de nuestro país expresado en la Resolución 2.065 de la ONU, de diciembre de 1965, que por primera vez reconoció oficialmente la existencia de una disputa de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido.
Y queda en claro que no necesariamente es la Organización de Naciones Unidas la encargada de negociar en casos como el de nuestra soberanía en las islas del Sur, sino que también les compete a los países miembros y en litigio llevar a cabo dicha instancia.
Destacan distintas voces que lo que sí se puede gestionar por parte de un Estado es un pedido de buenos oficios de la ONU, para que se instale el diálogo en el caso de que una de las partes muestre reticencia o adopte una actitud evasiva, más aún cuando en mayoría la organización se ha expedido. El problema que involucra a nuestro país puede servir de ejemplo en tal sentido.
Sobre estos asuntos enfocó el presidente Milei con varios puntos de vista muy acertados, pero, fiel a su costumbre, con términos poco recomendables para el auditorio de la ONU.
Sí le cabe la razón a Milei en cuanto al progresivo deterioro de la organización en la aplicación de medidas en línea con los propósitos de su creación, como mantener la paz, promover y estimular el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas. Sobran ejemplos muy tristes.
Si a esta última observación pretendió referirse con su crítica el presidente argentino, bienvenida sea entonces la muestra de un costado humanitario que también necesita del énfasis de las autoridades.