Nuevamente la política sobre discapacidad en el país generó un fuerte cortocircuito político, especialmente en el ámbito parlamentario y en el marco del abordaje del proyecto de Presupuesto nacional para el próximo año.
Los cambios presupuestarios en seguridad, finalmente replanteados, fueron pensados por el gobierno nacional en línea con su continuo y erróneo afán por desactivar aspectos vinculados a la protección de discapacitados y fondos destinados a prestaciones básicas y pensiones que no deberían perderse.
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Marclo Álvarez / Los Andes
Nuevamente la política sobre discapacidad en el país generó un fuerte cortocircuito político, especialmente en el ámbito parlamentario y en el marco del abordaje del proyecto de Presupuesto nacional para el próximo año.
Y como en anteriores oportunidades el oficialismo se vio obligado a dar marcha atrás con su propuesta luego de reuniones entre representantes legislativos de La Libertad Avanza con integrantes de los bloques aliados. En definitiva, se cerró un acuerdo que deja de lado medidas que derogaban varios artículos claves de la prórroga de la emergencia en materia de discapacidad.
Ante el resultado de las negociaciones lo más trascendente es el mantenimiento de la actualización mensual del pago a los prestadores médicos, uno de los ítems cuya supresión había contribuido a enrarecer el clima político dentro del Congreso.
Se trata del tercer conflicto que el gobierno nacional enfrenta en esta temática desde su constitución, partiendo de auditorías iniciales y bajas en pensiones no contributivas que a poco de asumir las autoridades consideraron indebidamente otorgadas por la administración anterior. Esto generó en el año 2024 las primeras denuncias de desfinanciamiento, sumadas a protestas en el sector específico.
Se sumó posteriormente una fuerte tensión con la sanción de leyes de emergencia votadas en el Congreso, a las que el Poder Ejecutivo consideró de costo fiscal incompatible con el superávit previsto para el pregonado equilibrio de las cuentas. Esto derivó en recordados vetos presidenciales con las consecuentes disputas legislativas.
Lo más grave, probablemente, sea la crisis interna que se generó entre legisladores oficialistas. El caso más impactante fue el de la titular del bloque de senadores, Patricia Bullrich, que denunció públicamente que la conflictiva propuesta no había sido anunciada en reuniones políticas del más influyente círculo libertario. Y la consecuente tensión con los aliados en las cámaras llegó a poner en riesgo el abordaje de otros proyectos de interés para el gobierno y que ya tenían consenso previo.
El nuevo escenario fue considerado por políticos y medios como el tercero generado por el Ejecutivo, siempre en su erróneo afán por desactivar aspectos vinculados a la protección de discapacitados y fondos destinados a prestaciones básicas y pensiones que no deberían perderse.
Y se debe destacar como muy acertada la posición de la llamada “oposición amigable”, que no dudó un instante en salir al rescate de políticas sociales que no merecen mayores reparos, especialmente en una temática tan amplia, compleja y variada como la discapacidad en muchísimas personas.
Pretender subestimar a legisladores propios y de la oposición con una polémica medida disimulada en una abundancia de números y cálculos, como genera un presupuesto, es una absurda burla a otro poder del Estado. Con más razón si i ese camuflaje significa aplicar un frío número a una prestación social vital.
