El cierre definitivo del FISU, programa para el mejoramiento de los barrios populares, fue una decisión oficial basada en la detección de irregularidades en el proceso de ejecución del programa. Los defensores del sistema lamentan que miles de personas no puedan ahora acceder a las mejoras que la operatoria posibilitaba y se agraven las dificultades de quienes viven en asentamientos.
El Gobierno nacional disolvió los fondos de Integración Socio Urbana (FISU) y Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec), con el argumento de haber detectado irregularidades en el manejo de los recursos estatales y los acuerdos con cooperativas sin antecedentes para la realización de obras públicas.
Nos ocupamos en este comentario del cierre de uno de esos fondos, el de Integración Socio Urbana (FISU), uno de los veinticuatro eliminados por esta gestión.
La decisión de la clausura, según la explicación oficial, se debió a irregularidades detectadas en las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Específicamente se asegura que el FISU había adquirido terrenos contaminados en los que se iban a levantar viviendas, otorgaba las obras a cooperativas desconocidas y demoraba los proyectos.
En los ámbitos que defienden y promocionan la realización de los proyectos de mejoramiento urbano de barrios populares, disienten con la posición oficial y sostienen que con las medidas adoptadas se dejará sin acceso a derechos básicos como vivienda adecuada, agua potable, cloacas, electricidad segura o calles pavimentadas a más de cinco millones de personas que viven en barriadas que tienen alto nivel de carencias.
El FISU fue creado como instrumento central para implementar la Ley 27.453, sancionada en 2018 con apoyo del Congreso de la Nación. Su objetivo era aportar obras de integración socio urbana a los más de 5.600 barrios registrados en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares). Ese consenso institucional permitió consolidar programas de política territorial.
Desde 2020, el fondo se financió principalmente con el 9% de lo recaudado por el Impuesto País. Sin embargo, en diciembre de 2023, el Gobierno nacional redujo esa asignación a 0,3%. Esta decisión provocó la paralización de más de 700 obras en todo el territorio.
Especialistas que promueven la vivienda social y la ejecución de obras que mejoren los asentamientos precarios, sostienen que el Ejecutivo nacional debió suspender o poner bajo control las situaciones sobre las que sospecha están incursas en irregularidades o delitos. Pero, no descartar la totalidad del programa que estaba activo y dando resultados.
Respecto a los terrenos contaminados, la auditoria oficial precisó que se trataban de predios ubicados en la proximidad de basurales y en tal sentido no eran aptos para la instalación de asentamientos humanos. Asimismo, apuntaron a que las compras de los mismos fueron aprobadas sin que se hubiera tasado el inmueble.
Sin muchas esperanzas de lograr una revisión de lo actuado, lo que se afirma desde el sector afectado es que se suspendan las operatorias que están bajo investigación por falta de transparencia, pero que se mantenga las obras que mejoran el hábitat de miles de familias, situación que involucra a muchos mendocinos y mendocinas.
La paralización de miles de emprendimientos que eran financiados por el Fondo de Integración Socio Urbana impedirá la realización de mejoras en la infraestructura de unas 330 mil familias del sector más vulnerable de la sociedad.
Modificar y detener situaciones irregulares está bien y se concede, pero desalentar el progreso de amplios sectores empobrecidos de la sociedad se traducirá en una deuda muy gravosa de saldar.
