La reforma laboral integral es una de las grandes deudas estructurales para el desarrollo económico argentino. Luego de las elecciones legislativas, todos deberían abocarse a ella. El gobernador Alfredo Cornejo, integrante de la Mesa de los Pactos de Mayo podría ser uno de sus principales impulsores.
El gobernador Alfredo Cornejo en el primer encuentro del Consejo de Mayo.
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Prensa de la Jefatura de Gobierno de Nación. El amplio y creciente empleo informal en la Argentina, con todas las consecuencias negativas que él trae, debería ser el principal aliciente para cambiar de fondo el sistema laboral argentino. Los números que a continuación adjuntamos indican claramente la necesidad urgente de la reforma.
Tener trabajo registrado en Argentina sigue siendo un privilegio escaso y, al mismo tiempo, un enorme desincentivo para las empresas. Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), de cada $ 100 que una empresa destina al salario de un trabajador formal, más de $ 34 van a parar directamente al Estado.
Esa porción, conocida como “cuña fiscal”, ubica al país en el podio mundial de mayor presión impositiva sobre el empleo formal: sólo Austria (35,7%) y Francia (35%) se encuentran por encima del 34,6% que pesa sobre los trabajadores argentinos.
Para calcular la carga tributaria, se toma el caso de un trabajador soltero, sin hijos, con salario promedio. Sobre esa base, se suman tres componentes: los aportes personales que realiza el trabajador, las contribuciones patronales a cargo de la empresa y, en caso de corresponder, el Impuesto a las Ganancias. La diferencia entre lo que paga la empresa y lo que efectivamente percibe el trabajador en su bolsillo define la magnitud de la cuña fiscal.
En Argentina, los aportes personales equivalen al 13,4% del costo laboral total, un nivel que supera de manera holgada el promedio de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que es de 8,1%.
Esto coloca al país en el séptimo lugar a nivel global en esta categoría, por detrás de naciones europeas con sistemas fiscales muy desarrollados. En cuanto a las contribuciones patronales, la presión también es marcada: representan el 21,2% del costo laboral, cuando el promedio internacional es de 13,4%. Argentina se ubica así en el décimo lugar del ranking.
Una particularidad de 2024 fue que el Impuesto a las Ganancias no alcanzó a los salarios promedio, debido a la reforma tributaria incluida en la Ley Bases, que elevó el mínimo no imponible. Esa exclusión evitó que la presión fuera aún mayor. Aun así, el diagnóstico sigue siendo preocupante.
La informalidad laboral, que supera el 45% del total de los trabajadores, se alimenta en buena medida de este esquema impositivo. Para una pyme, contratar un empleado formal implica un costo que muchas veces no puede afrontar, y la economía en su conjunto paga las consecuencias con menor competitividad, productividad y cohesión social.
De allí surge la urgencia de un cambio. Reducir la carga tributaria sobre el trabajo formal es una condición necesaria para ampliar la base de empleo en blanco, mejorar la competitividad y garantizar que el Estado pueda sostenerse con una economía más dinámica.
Mientras el Estado se quede con más de un tercio del costo laboral, el trabajo registrado seguirá siendo un privilegio difícil de alcanzar para millones de argentinos y una carga insostenible para empresas que intentan cumplir con la ley.
Es por eso que la reforma laboral integral es una de las grandes deudas estructurales para el desarrollo económico argentino. Luego de las elecciones legislativas, todos deberían abocarse a ella. El gobernador Alfredo Cornejo, integrante de la Mesa de los Pactos de Mayo podría ser uno de sus impulsores.