El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó claramente su política económica y el equilibrio fiscal al presentar recientemente el proyecto de presupuesto nacional para 2026.
Es importante que el Gobierno y la oposición representada en el Congreso lleguen a un acuerdo tanto para el tratamiento como para la aprobación del Presupuesto, aun incluyendo los eventuales cambios que puedan surgir y consensuarse en base al punto de vista de la oposición.
El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó claramente su política económica y el equilibrio fiscal al presentar recientemente el proyecto de presupuesto nacional para 2026.
En el anuncio, efectuado por cadena nacional, el jefe del Poder Ejecutivo confirmó así el rumbo impuesto desde su asunción a fines de 2033 y la austeridad en el manejo de las cuentas públicas que viene caracterizando a su administración.
De todos modos, dentro de los márgenes previstos el presidente también anticipó mejoras para jubilados, para el área de Discapacidad y para las universidades, al margen de las diferencias que seguramente subsistirán en base a las demandas de dichos sectores, como quedó demostrado en las multitudinarias marchas del miércoles con motivo del rechazo abrumador del Congreso de la Nación a los vetos presidenciales referidos a esas áreas.
Como se indicaba, en la pauta que se pone a consideración del Poder Legislativo no se resigna el equilibrio fiscal. Prevé el Ejecutivo un 14% de inflación para todo 2026, con una evolución mensual no muy superior al 1%.
El déficit cero en las cuentas del Estado seguirá constituyendo un objetivo central del programa económico nacional, con lo cual el Gobierno pretende demostrar una férrea voluntad para sostener sus preceptos de gestión a pesar de la creciente adversidad política y social.
Más allá de las actuales turbulencias, la aprobación del presupuesto nacional significaría un gesto de sensatez política. Es una cuenta pendiente del actual gobierno, pero totalmente compartida con los demás sectores partidarios. En el primer año de gestión de Javier Milei la pauta de gastos y recursos de 2024 quedó pendiente, de común acuerdo, en virtud del proceso electoral presidencial, que tenía al actual presidente y al entonces ministro Massa como partícipes. Luego nunca se abordó.
Un año después también hubo una falencia. El presupuesto para el ejercicio 2025, en curso, no llegó a ser aprobado por el Congreso por demoras y tirantez entre sectores, de modo que, conforme la legislación financiera vigente, fue automáticamente prorrogado nuevamente el vigente, del año 2023.
Esas anomalías dan paso a reajustes y reacomodamientos de partidas muchas veces a través de decretos presidenciales que suelen potenciar las tensiones partidarias, como viene sucediendo durante la actual administración.
Por lo tanto, es importante que el Gobierno y la oposición representada en el Congreso lleguen a un acuerdo tanto para el tratamiento como para la aprobación del Presupuesto, aun incluyendo los eventuales cambios que puedan surgir y consensuarse en base al punto de vista de la oposición.
Es evidente que la actual relación entre el oficialismo y los demás sectores políticos no es la más adecuada en estos momentos para avanzar en una pauta de semejante importancia. Pero se deberá esperar el mayor esfuerzo de las parte s para que esa ley tan importante tenga el marco de entendimiento indispensable para su posterior aplicación.
Debe anhelarse que una vez superado el proceso electoral que finaliza el 26 de octubre, oficialismo y oposición demuestren estar a la altura de la responsabilidad institucional que la ciudadanía espera de sus representantes.