Las elecciones del 26 de octubre le aseguraron al oficialismo un importante repunte en la cantidad de legisladores en el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando asuman quienes resultaron electos.
El triunfo del Gobierno en la mayoría de los distritos electorales le permitirá contar desde el 10 de diciembre, con un número cercano al quórum en el recinto de sesiones de ambas cámaras, lo que facilita ciertamente el logro de consensos para impulsar con éxito más iniciativas reformistas.
Sesiones legislativas en el Congreso Nacional.
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Gentileza / La Nación Las elecciones del 26 de octubre le aseguraron al oficialismo un importante repunte en la cantidad de legisladores en el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando asuman quienes resultaron electos.
El triunfo del Gobierno en la mayoría de los distritos electorales le permitirá contar con un número cercano al quórum en el recinto de sesiones de ambas cámaras, lo que facilita ciertamente el logro de consensos para impulsar con éxito más iniciativas reformistas.
Estas perspectivas han derivado en una clara especulación por parte del oficialismo, que decidió prácticamente silenciar al Congreso hasta que se haga efectiva la asunción de los nuevos diputados y senadores que, como señalamos, acercarán mucho más a la mayoría propia al espacio libertario.
Cabe agregar al respecto que, dentro de pocos días, el 30 de este mes, finalizará el período ordinario anual de sesiones y de ese modo el Poder Legislativo entra prácticamente en receso hasta la asunción de los nuevos miembros, comenzadas ya las sesiones extraordinarias. Quedan así diferidos debates de fondo que en algún momento pensaron tanto oficialistas como opositores. El viento político sopla a favor del Gobierno en estos momentos.
Medios de prensa coinciden en señalar cómo esta suerte de regulación de la actividad legislativa nacional también puede ocasionarle al oficialismo algunas demoras en cuanto al rumbo de sus principales proyectos. El reglamento parlamentario puede indicar, por ejemplo, que queden sin efecto los avances logrados para la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas o la reforma del régimen penal juvenil, que busca como principal objetivo bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen.
A la vez habrá demoras para otras propuestas de interés, algunas con el visto bueno de sectores sociales puntuales o de la oposición, como la implementación del juicio por jurados, la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es centro de un escándalo de corrupción que sacude al Gobierno, o la normalización de la Auditoría General de la Nación, organismo de la Constitución que debe ser tenido en cuenta.
Y en medio del silencio legislativo forzado por el oficialismo también quedaría sin efecto el dictamen del presupuesto nacional para 2026, el primero que se trata en el Congreso desde que Javier Milei es presidente y que ahora el oficialismo deberá volver a negociar seguramente con gobernadores y legisladores aliados.
De todos modos, la rápida estrategia montada por el nuevo ministro del Interior de involucrar a la mayoría de las provincias, a través de sus gobernadores, en el armado del presupuesto para 2026 constituye una interesante variante, ya que se impondrá, a no dudarlo, el férreo criterio de equilibrio fiscal impuesto por la Nación. Aunque deberá ser en equilibrio con las demandas provinciales por la obtención de mayor cantidad de fondos, reclamo válido si se tiene en cuenta la necesidad de priorización de obras que poseen entre otras necesidades de la gestión.
Lo importante es que el Gobierno valore el rol del Legislativo aun con la utilización, como ahora, de estrategias válidas para asegurar votos a sus propuestas estratégicas.