La medida impulsada es respaldada por el deseo mayoritario de la población de que la inseguridad vaya siendo erradicada con decisiones firmes. Pero también deben ser atendidos los problemas sociales, ya que muchos menores encuentran en las carencias diarias argumentos para delinquir, con el flagelo de la droga incluido.
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El gobierno nacional acaba de incluir en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley para bajar de la edad de imputabilidad de menores que delinquen a través de modificaciones en el Régimen Penal Juvenil, siempre dentro de la reforma del Código Penal.
La reiteración de hechos delictivos con participación juvenil volvió a disparar la necesidad de encarar una solución desde el plano legal y le otorga absoluta razonabilidad. En el reciente mes de diciembre un adolescente de 15 años fue brutalmente asesinado por jóvenes de 14, 15 y 16 años. Las escenas, captadas por cámaras de seguridad, dieron cuenta del penoso suceso, realizado con total alevosía.
Un antecedente de similares características, por la repercusión pública que tuvo, ocurrió también el año pasado con la muerte de una niña de 7 años durante un robo muy violento en la ciudad de La Plata con la participación de menores de 14 y 17 años.
El drama de la delincuencia de menores instalada en la Argentina sumó otro hecho lamentable y sorprendente a la vez hace pocos días, cuando policías bonaerenses repelieron disparos de jóvenes que no quisieron respetar una orden de control vehicular. Tras la huida a pie de los agresores, los efectivos encontraron dentro del vehículo a un menor de 12 sin vida por haber sido alcanzado por el intercambio de disparos. Luego se constató que el niño tenía antecedentes penales y participaba, indudablemente, de la acción delictiva de quienes lograron escapar.
Más allá de la premura con que el oficialismo pretende tratar el tema, inicialmente, en la Cámara de Diputados, es previsible y lógico el análisis de la propuesta en comisiones del cuerpo legislativo para ajustar detalles que puedan inquietar a otros sectores partidarios.
El año anterior hubo dictámenes sobre el tema, pero quedaron sin vigencia al no haber sido tratados en el recinto. Se supo que se había logrado consensuar iniciativas de más de diez proyectos presentados por diputados de distinta orientación partidaria, lo que demuestra que hubo esfuerzo por consensuar.
En una reciente recorrida por la Costa Atlántica, el presidente Milei reiteró al respecto un concepto instalado por el actual gobierno nacional y atribuido a la ex ministra de Seguridad, ahora senadora, Patricia Bullrich: “El que las hace las paga”. Justicia mediante, obviamente.
Este tipo de medidas son respaldada por el deseo mayoritario de la población de que la inseguridad vaya siendo erradicada con decisiones firmes. Pero también deben ser atendidos los problemas sociales, que muchas veces inducen a la población a cometer ilícitos, con el consecuente incremento de los mismos en manos de menores que encuentran en las carencias diarias argumentos para delinquir, con el flagelo de la droga incluido.