El Gobierno nacional debe analizar a fondo el futuro de dos instituciones muy arraigadas en la comunidad argentina, y en modo especial en Mendoza.
La defensa del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y del INTI (Tecnología Industrial) es imprescindible para el crecimiento del país. El Gobierno debe saber bien qué se puede ajustar y restructurar, pero a salvaguarda de mantener con vida a estos organismos, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, la investigación y el desarrollo.
El Gobierno nacional debe analizar a fondo el futuro de dos instituciones muy arraigadas en la comunidad argentina, y en modo especial en Mendoza.
La administración central está evaluando posibles recortes en el accionar de los institutos nacionales de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Tecnología Industrial (INTI), los dos con instalaciones principales en Mayor Drummond, Luján de Cuyo, prácticamente una al lado de la otra.
Tras la decisión de que no habrá fusión de ambos organismos, ahora queda bregar para que reparticiones de tanta trascendencia y con dotaciones importantes de empleados, puedan proseguir con su misión, como lo vienen haciendo desde fines de la década del cincuenta.
Para los hogares de sus trabajadores subsiste la amenaza de achicar ambas reparticiones, instancia que está en el escritorio de Federico Sturzenegger, a cargo de la oficina de Desregulación y Transformación del Estado, y que derivará, lamentablemente, en el despido de obreros, técnicos e investigadores.
Admitimos que pueden tomarse algunas medidas que mejoren las prestaciones, pero a condición de mantener en pleno funcionamiento a los dos organismos, impulsores del engrandecimiento del país y sus habitantes.
El INTA, ampliamente conocido en Mendoza, es un organismo especializado en investigación y desarrollo con destino al sector agropecuario; el INTI es su similar para el ámbito industrial.
En nuestra provincia la incertidumbre gira en torno a la posible desaparición de las agencias de Extensión Rural. La preocupación se advierte particularmente en departamentos como Lavalle, o en la Zona Este y en el Valle de Uco, donde pequeños y medianos productores dependen en gran medida de la asistencia técnica del INTA para sostener y mejorar sus actividades.
En Lavalle, La Consulta o Rama Caída, como en otros puntos rurales del país, el INTA no es una entidad que pocos conocen. Muy por el contrario: sus ingenieros, técnicos y extensionistas tienen una presencia constante y casi diaria en los centros de capacitación, en las muestras de suelo, en la preparación de conservas y encurtidos o en el asesoramiento sobre la atención de animales de granja, entre muchas labores más del campo.
Las opciones son desalentadoras, primero por las posibles bajas de cientos de empleados en todo el país y por la hipotética venta de campos y otros bienes patrimoniales del organismo, creado en 1956.
También por estas horas reina incertidumbre en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), creado en 1957 para asistir a la industria nacional impulsando la innovación y la transferencia de tecnología, y que además es referente en Metrología, la ciencia de las mediciones.
Sería gran pérdida para el país el desguace de estos prestigiosos organismos.
Mendoza tiene sedes de ambas instituciones, gozando de ganado prestigio por los aportes durante décadas a la producción agraria e industrial.
El Gobierno provincial, los municipios, las cámaras empresarias, los centros académicos y los colegios profesionales deberían manifestarse en contra de los intentos de dañar al INTA y al INTI.
Son organismos patrocinados por la Nación, pero sus actividades pertenecen a todas las provincias donde radican sus sedes, constituyendo parte de la vida económica y cultural de las mismas.
