Gremios del INTA advierten por la venta de tierras con reservas genéticas y un posible vaciamiento institucional.
Trabajadores del INTA en marcha. Integrantes de APINTA, el gremio que representa al personal del instituto.
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Mientras el Gobierno Nacional avanza con un plan de reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), representantes gremiales advierten que el cierre de agencias de extensión y la intención de vender tierras que albergan reservas genéticas ponen en riesgo décadas de trabajo acumulado en investigación aplicada y vinculación territorial.
En Mendoza, la secretaria general de APINTA y secretaria adjunta de la CGT provincial, Marité Viedma, advirtió sobre el riesgo de perder décadas de trabajo técnico e invaluable patrimonio genético debido a un plan oficial que contempla la venta de activos del INTA, como tierras, edificios y centros experimentales. La dirigente gremial denunció que ya se inició un proceso de vaciamiento institucional y remarcó que lo que está en juego no solo afecta a la vitivinicultura, sino también a reservas genéticas forestales, ganaderas y hortícolas que forman parte de la base alimentaria del país.
La propuesta de reestructuración presentada por la presidencia del INTA al Consejo Directivo Nacional, a la que accedió Los Andes, pronuncia algunas de las acciones que se están implementando. Bajo el título “Modernización INTA”, el documento enuncia una reorganización interna del 50%, la eliminación del 70% de las direcciones y del 20% de las gerencias, y plantea además la modificación del estatuto interno del organismo, trasladando al Consejo Directivo facultades que, por ley, corresponden al Director Nacional.
Confirma Mario Romero, delegado general del gremio que representa a los trabajadores de INTA (APINTA), “en marzo, el Consejo Directivo modificó las estructuras del organismo y le sacó facultades al Director Nacional para asumirlas ellos mismos: manejo de personal, presupuesto y patrimonio. Eso es ir por la venta de los activos”.
En cuanto a la reducción de personal, el texto no menciona explícitamente la palabra “despidos”, pero sí hace referencia a jubilaciones, planes de retiro y disponibilidad de trabajadores ante el cierre de áreas, todo ello sin contemplar renovación de cargos ni incorporación de nuevos técnicos.
En un apartado titulado “Tierras - Edificios”, se abre la posibilidad de venta, cesión o explotación comercial de bienes del INTA. El documento no incluye evaluación alguna del impacto que estas medidas pueden tener sobre el sistema científico, las economías regionales o la continuidad de líneas de investigación estratégica.
Desde Mendoza, la secretaria general de APINTA y secretaria adjunta de la CGT provincial, Marité Viedma, aporta una dimensión clave al referirse al riesgo de perder décadas de trabajo técnico y patrimonio genético de alto valor.
“Mendoza, si bien es la capital internacional del vino, lo es gracias a toda la investigación, el relevo del material genético y todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo del Malbec. Esto fue un trabajo muy arduo, y es importante que la gente sepa que Mendoza cuenta con una reserva genética que es una de las más grandes de Latinoamérica”, señala.
La amenaza no se limita a la vitivinicultura. En el INTA ubicado en la localidad de La Consulta – San Carlos, por ejemplo, se conserva un banco de germoplasma, reserva de semillas hortícolas. Como así también, se cuenta con técnicos especializados que trabajan en su preservación y reproducción.
“Los campos que se quieren vender son campos que tienen reserva genética. No es patrimonio del INTA, es patrimonio de todos y todas los mendocinos y de todos los argentinos”, subraya Viedma.
“Cada región tiene su especialidad. Hay reservas genéticas forestales, ovinas, bovinas, porcinas, de piscicultura, de quinoa, de cereza y todo lo que tiene que ver con la mesa de los argentinos. Eso no siempre se dimensiona, pero es fundamental”, concluye.
Afirma la delegada gremial de Mendoza que, pese al contexto que se está transitando, el trabajo en el territorio continúa. “Seguimos trabajando firme, acompañando a nuestras productoras y con las investigaciones que llevamos adelante”. “No es un tema del INTA. Es un patrimonio de toda la ciudadanía”, confirma con contundencia.
El plan incluye también la venta de activos como tierras, edificios y centros experimentales. Aunque esta etapa aún no ha sido formalmente aprobada, desde APINTA insisten en que ya se ha iniciado el proceso de vaciamiento institucional.
Desde hace meses, dentro de la institución circulan propuestas de ajuste, recortes presupuestarios y un achicamiento sostenido de su planta de trabajadores. Mientras se implementan decisiones que afectan a la acción y labor científica; investigadores, técnicos y administrativos conviven con un clima de incertidumbre.
“El INTA viene ya hace varios meses con problemas. Desde que asumieron las nuevas autoridades han venido tomando decisiones y han propuesto modificaciones a la estructura muy importantes”, explica Mario Romero.
Según relata, el conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando el Consejo Directivo recibió una primera propuesta para eliminar 225 puestos de la planta no permanente. La reacción gremial fue inmediata: movilizaciones, pronunciamientos de los Consejos Regionales y un cuarto intermedio.
Pero en febrero, el escenario cambió “ya no eran 225 trabajadores, sino que eran 1.500 los que se ponían en disponibilidad. Cerraban 300 agencias de extensión rural en todo el país”.
Las implicancias de estas medidas tienen dos aristas: por un lado, la reducción de personal; por otro, la desarticulación del sistema de extensión, una de las funciones esenciales del INTA según su ley de creación. “La investigación lo hacen los profesionales en los laboratorios y en los campos. Y después, con las conclusiones, se transfiere a los productores a través de los extensionistas. Si se modifica esto, el INTA deja de tener su razón de ser”, explica Romero.
“En marzo, el Consejo Directivo modificó las estructuras del organismo y le sacó facultades al Director Nacional para asumirlas ellos mismos: manejo de personal, presupuesto y patrimonio. Eso es ir por la venta de los activos”.
Según los datos gremiales, el INTA ha perdido más de 700 vacantes en los últimos meses. De los 6.100 trabajadores actuales, la meta oficial sería reducir ese número a 4.500 para fines de 2025. “Esto nos pone en estado de alerta. Están direccionando el organismo con una mirada muy centralista, dándole la espalda a las economías regionales, a los pequeños productores, a la agricultura familiar”, advierte Romero.